Así se señala en un auto de fecha 14 de enero dictado por el magistrado instructor de la Sala, Juan Piqueras, y que hasta el día 24 de enero se puede recurrir, algo que OlaCantabria aún no ha decidido, según han explicado fuentes cercanas al caso. El TSJC declara de oficio las costas.
Con este archivo, la Sala expresa el mismo criterio que la Fiscalía de Cantabria, que, en un escrito de 14 de diciembre, solicitó el archivo de las actuaciones abiertas en el TSJC a raíz de la denuncia de OlaCantabria contra Sota al entender también que los hechos que en ella se señalan «no son constitutivos de delito».
OlaCantabria, partido al que pertenece el diputado Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos pero integrante del Grupo Mixto en el Parlamento, denunció en septiembre de 2018 a Sota, por no actuar ante supuestos sobresueldos a algunos trabajadores de Sogiese para recuperar ese dinero, presuntamente indebidamente pagado, y devolverlo a la Tesorería General de la comunidad autónoma, con el que correspondiente perjuicio, que a su juicio, había para las arcas públicas.
En su denuncia, OlaCantabria denunció que la inacción de Sota para no realizar actuaciones tendentes a la recuperación de las cantidades venía determinada por su vinculacion familiar con una de las personas que estaban siendo retribuidas por encima de la previsión legal, que, según este partido, era la propia hija del consejero.
Sin embargo, en el auto del juez se señala que la omisión de actuación del consejero que denuncia OlaCantabria no equivale a «una resolución arbitraria».
Además, en la resolución del TSJC se valoran las alegaciones de OlaCantabria para pronunciarse en contra de la solicitud de la Fiscalía y el letrado del Gobierno del archivo de la causa.
No hacen falta más diligencias
Este partido solicitó la continuación del procedimiento y la práctica de nuevas diligencias de investigación al considerar que no se habían las suficientes para acreditar los hechos denunciados.
Sin embargo, en el auto, el juez considera que algunas alegaciones de OlaCantabria al sobreseimiento de la causa son «simples valoraciones jurídicas de unos hechos que obran en autos» y que, a su juicio, «no requieren ninguna otra diligencia».
Así, considera que las diligencias de investigación solicitadas «son inoperantes a los efectos de desvirtuar los anteriores pronunciamientos».
«La totalidad de dichas diligencias es innecesaria para determinar los elementos nucleares (naturaleza y circunstancias) del hecho investigado», se señala en el auto, en el que se deniega la petición de OlaCantabria de nuevas diligencias.
Considera la Sala que la documentación obrante en autos «es deficiente para determinar, a los efectos de la instrucción, el devenir y la secuencia de las actuaciones del investigado» y son «innecesarias» la práctica de las diligencias que solicita e «innecesarias» algunas testificales que reclama.
Pese al sobreseimiento de la causa, el TSJC declara de oficio las costas al considerar que la actuación de la querellante, esto es de OlaCantabria, no se puede calificar de «maliciosa» o «temeraria».
Revilla se alegra del archivo del caso Sogiese
El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, se ha alegrado del archivo del llamado 'caso Sogiese' por supuestos pagos irregulares en esta empresa pública y ha señalado al respecto que estaba «convencido» de que el consejero de Economía, Juan José Sota, departamento del que depende esta entidad y que había sido denunciado, no había cometido «ningún tipo de delito».
El jefe del Ejecutivo ha respondido así este viernes a preguntas de los periodistas tras la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
El líder del PRC y candidato a la reelección ha reiterado que «no se puede llegar al extremo» de que una persona que sea denunciada y, «como es lógico», llamada a declarar ante el juez, sea «sinónimo de condena». «No podemos llegar a esos niveles de persecución», ha opinado.
Por eso, Revilla, que «conocía el tema» y estaba «convencido» de que Sota no había cometido «ningún delito», se negó «en redondo» a cesarle del cargo y se alegra ahora del archivo.
Y es que, a su juicio, hubiera sido una «injusticia tremenda» destituirle como consejero solo porque haya un «clamor» que lo pide y cuando únicamente hay una denuncia y ha sido citado a declarar, algo de lo que «nadie en este mundo está exento». «¿Quién le rehabilita luego?», se ha preguntado. «Hubiera quedado como un presunto corrupto», ha respondido.
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