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Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Cantabria a raíz de la denuncia por los más de 1.700 fallecidos que figuraban en las listas de espera sanitarias de la región han sido archivadas.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del ministerio público, que también cerraron las diligencias por otra denuncia, igualmente interpuesta por el Defensor del Paciente, por la «desaparición» de 78.000 personas de esas listas, por basarse en una intervención parlamentaria y sin aportarse «el más mínimo indicio de que esa ausencia tenga origen en un hecho delictivo».
El Ministerio Público ha tomado esta decisión tras la petición realizada por el Defensor del Paciente de una «investigación exhaustiva» tras conocer a través de El Diario Montañés los datos ofrecidos por la Consejería. Todo comenzó el pasado día 14, cuando el consejero del ramo, César Pascual, detalló el plan de choque en comisión parlamentaria y anunció que la revisión de los datos reveló que en las listas de espera había incluidos 1.700 fallecidos, así como 7.000 pacientes pendientes de cita. Un desajuste del que Pascual culpó al anterior Gobierno formado por PRC y PSOE, en el que el área de Sanidad dependía de los socialistas.
Durante su comparecencia, el actual titular de la Consejería dio esos datos en la Cámara y presentó a los grupos parlamentarios el plan de reducción de listas de espera sanitaria, al que el Ejecutivo autonómico prevé dedicar hasta 65 millones de euros en tres años. Pascual afirmó que las cifras desveladas son un ejemplo de la «mala gestión» del bipartito en este ámbito e indicó que, a su juicio, en algunos casos esas listas de espera estaban «infladas». Por su parte, el Defensor del Paciente resaltó que el hecho de que «más de 1.700 personas» murieran en Cantabria mientras estaban esperando atención sanitaria revestía «extrema gravedad» y, a su juicio, podría ser constitutivo de un delito «de dejación de funciones».
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Ana del Castillo
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