Archivan una denuncia contra el jefe de la Guardia Civil por no investigar un incidente en un prostíbulo

Según sostienen los denunciantes, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, el pasado otoño un agente acudió a un conocido club de alterne, «entró en una de las habitaciones con una mujer y poco después habló con uno de los responsables del local y, tras identificarse como guardia civil, reclamó que le devolvieran los 50 euros porque no estaba conforme con los servicios prestados».

Al parecer, el coronel de la comandancia «zanjó el asunto sin sancionar a este agente» y, tras hacerse eco de estos supuestos hechos a través de varias noticias en prensa nacional, esta asociación decidió interponer dos denuncias: una por omisión del deber de perseguir delitos al no instruirse el atestado ni abrir expediente interno desde la propia Benemérita, dirigida frente al coronel y ante la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones (en caso de que conociese los hechos); y otra por presunto delito de extorsión por la actitud del agente, al valerse de su condición de guardia civil.

La primera de las denuncias recayó, según los precursores de ella, en el Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, que dirige Mercedes Compostizo, y que sigue en fase de investigación; y la segunda, en el de Instrucción Nº1. Sin embargo, en el auto de 11 de septiembre de este último órgano, al que tuvo ayer acceso El Diario Montañés, el juez Parra acuerda el archivo haciendo alusión a la denuncia que no había caído en su juzgado, sino en el de su compañera Compostizo. De ahí que los denunciantes hayan decidido presentar recurso de reforma.

«Dicha resolución resulta errada, incongruente y carente de justificación, si tenemos en cuenta que del expediente digital facilitado y contrastado, la instrucción llevada a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción ante el que dirigimos el presente recurso resulta tan nula como inexistente», sostiene la asociación, a la que le parece «sorpresivo» que en el expediente judicial del Juzgado de Instrucción Nº1 apareciesen las personas señaladas en la denuncia que tramita el Juzgado de Instrucción Nº5.

«A este Juzgado solo le compete conocer los hechos que se le trasladan en la denuncia unida a expediente, que tiene que ver con un supuesto, a priori, de extorsión, del que resulta tan improbable como imposible la responsabilidad del coronel Orantos. El instructor tendrá que justificar por qué investiga cosas distintas, obvia la que se le traslada y cómo determina identidades que no se le han participado aún».

A mayor abundamiento, y «sin perjuicio de otras responsabilidades», la Unión de Oficiales asegura que «el instructor ha obviado que la denuncia sobre la omisión del deber de perseguir delitos consta repartida, con anterioridad al reparto de la suya, al Juzgado de Instrucción Nº5, y que inició actuaciones el día 8 de septiembre (dos días antes que este Instructor). Es decir, el auto que se combate, con independencia de su deficiente motivación, se ha dictado con evidente falta de competencia objetiva por parte del órgano, lo que conllevaría automáticamente a su nulidad».

Otro de los motivos para recurrir el archivo de la causa es que consideran que el sobreseimiento es «prematuro», «precipitado» y «sin practicar diligencia alguna». «La resolución judicial ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión», sostienen los denunciantes.