Los argumentos para la huelga docente

¿Y qué puede significar el paro en este momento? Barrera confía en que sirva para mostrar «la fortaleza» del colectivo, pero duda de que la Consejería de Educación cambie. «Puedo entender al consejero cuando dice que el Gobierno es el primero en negociar en diecisiete años, pero las formas que está teniendo... Intenta enfrentarnos a otros colectivos, a otros trabajadores, y eso nos hace daño. No queremos ganar más que los demás, sino que se cumplan los acuerdos y convenios».

Rafael Ordaz ya secundó los encierros organizados a finales del pasado año en colegios e institutos para reivindicar la mejora retributiva del complemento específico y que fueron réplica del que protagonizaron varios delegados sindicales en la sede del Gobierno en Peña Herbosa. Ahora, este profesor de violonchelo en el Conservatorio de Torrelavega, funcionario con quince años de trayectoria en esta y otras especialidades, expone sus principales motivos para hacer lo propio mañana.

Al margen de las razones de cada interlocutor, Ordaz cree que los sindicatos «han intentado negociar» desde 2023 un complemento que no cambia desde 2008, pero que la Consejería «ha estado dilatando el proceso de negociación, estirando los plazos» con idea de «no incluir» la mejora en los Presupuestos y cerrar el proceso con un «ultimátum», a su juicio, bastante paradójico. «Las formas son importantes», cree Ordaz, que censura aquí las referencias al absentismo docente y que también habla del fondo: «En público, en el Gobierno predican agua, y en privado beben vino», dice en relación a la subida salarial que planteó el propio Ejecutivo para sus cargos al inicio de la legislatura. «Tienes que tener coherencia, si no pierdes la credibilidad», insiste.

Profesora de Economía en el IES Valle de Piélagos, María Teresa Bezanilla echa la vista atrás para recordar la gran crisis económica que estalló en 2008 y que, entre otras muchas consecuencias, impidió la ejecución del último tramo de mejora salarial –ligada al complemento específico– de los docentes cántabros. «Se congelaron los sueldos y no se ha recuperado ese poder adquisitivo –la Junta de Personal cuantifica esa pérdida en un 34%–, así que es justo negociarlo y reclamarlo», apunta. Y más allá de esta reivindicación, esta docente con quince años de experiencia en Secundaria a sus espaldas, reprueba la actitud del consejero Sergio Silva –«no ha sido la más adecuada»– en un proceso de negociación que tampoco «ha sido nada fluido». «La Consejería de Educación tiene que dar opciones», considera.

¿Y para qué servirá la huelga en este contexto? Sin considerarlo «el único» instrumento de negociación posible, Bezanilla cree que puede servir para «mostrar el descontento de los docentes a muchas niveles, no solo económico», y también para que «se valore más» una profesión clave para formar y educar «a quienes serán los ciudadanos del futuro», y que, subraya, no merece ningún «desprestigio».

Una huelga también forma parte de la negociación. Desde la Revolución Industrial y el movimiento obrero se sabe que el trabajador tiene varias herramientas para negociar. Una huelga no es un ultimátum y me parece torpe políticamente considerarlo así», expone Ester Lanseros, que tira de conocimiento específico (es profesora de Geografía e Historia en el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles) para criticar lo que considera una «falta de diálogo» de la Consejería de Educación a la hora de enfocar el proceso. Esa falta de diálogo y ese «autoritarismo» se han convertido en dos de sus «principales razones» para secundar la huelga.

Con su actitud, dice Lanseros, Sergio Silva «no respeta» al colectivo. «Cuesta entender muchas de sus expresiones –sobre el absentismo, por ejemplo– siendo docente y habiendo estado en un claustro», dice. Tras diecisiete años sin adecuación, «es momento de reclamarla», insiste. Lanseros desestima ese argumento del Gobierno con el que incide en que es el primero en abordar la mejora, y lo hace porque esta negociación no se plantea en tiempos de crisis, sino «ahora que hay dinero» para asumirla y que el Ejecutivo, a cuya subida salarial también alude, ya ha negociado con otros profesionales. «Es una reivindicación justa», concluye.

Laura Guate echa cuentas y asegura que, en sus veinte años como maestra, el servicio de prevención de riesgos de la Consejería de Educación «solo me ha hecho dos reconocimientos médicos. ¿Es esto cuidar a los trabajadores? En ese sentido, mi empresa no lo hace», asegura esta docente de Infantil en el CEIP Sardinero de Santander –hace años fue portavoz sindical– y también defensora de que «los servicios públicos sean los mejores porque todos dependemos de ellos».

«Es una cuestión de respeto y de reconocimiento a la profesión. No hay ninguna empresa que no revise esta cuestión, y, en nuestro caso, hace diecisiete años que no lo tenemos», apunta Guate en relación al complemento específico que ha motivado las movilizaciones. La «negativa» de la Consejería a negociar «supone que el consejero no lucha por sus propio personal».

Guate espera que Sergio Silva «se dé cuenta de que somos casi 9.000 docentes y que no estamos contentos con cómo ha llevado la negociación». «No vale para nada una carta –dice en relación al correo electrónico enviado por el consejero para explicar su última propuesta–. La Junta de Personal, a la que hemos votado, es quien negocia», expone.