Un asesinato en la crónica negra... y un juez inhabilitado en la judicial

El único crimen que se registró en Cantabria en el 2022 fue el que se produjo en un piso de Castilla-Hermida (Santander) el 18 de febrero. La Policía detuvo a un hombre sin techo, de 38 años, como presunto autor del asesinato de una mujer de 69, Adela Corral Albarreal, que lo acogió en su vivienda. A ella apenas le dio tiempo a llamar a los servicios de emergencias en medio de una acalorada discusión antes de que él la estrangulara.

La víctima acostumbraba a rescatar indigentes de la calle. «Los cobijaba en casa y ellos la robaban, la pegaban...», cuentan quienes la conocían. Ese día uno de ellos, un extranjero que vivía con ella en el portal 1 del Edificio Castilla, la golpeó repetidas veces en la cabeza, la ató de pies y manos, la tumbó sobre la cama y la estranguló. A ella apenas le dio tiempo a llamar al 112 antes de morir; porque cuando, minutos después llegó la Policía y los sanitarios del 061 le practicaron la reanimación cardiopulmonar, el pulso era muy débil y terminó falleciendo.

Los agentes detuvieron al hombre, que aún se encontraba en la vivienda y después el juez lo mandó a prisión, donde está a la espera de conocer el escrito de acusación de la Fiscalía y el posterior señalamiento del juicio.

En el mes de julio, la Guardia Civil detuvo en Argoños al presunto autor de una agresión por arma blanca a otro hombre que resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Según los testigos, que fueron quienes alertaron a emergencias, los dos sujetos discutían en la vía pública cercana al barrio El Portillo cuando uno de ellos supuestamente propinó una puñalada que hirió de gravedad al otro.

El suceso fue dantesco. Ocurrió en agosto, a plena luz del día, en la calle Jerónimo Sainz de la Maza de Santander. Un joven de 21 años resultó herido de gravedad tras ser agredido con un machete en el cuello por otro joven, de 19 años. Tanto el agresor como la víctima eran vecinos de la zona. Al parecer, ambos tuvieron tiempo atrás una discusión y ese día el agresor «miró mal» a la víctima, «desafiándole», y «escupió en el suelo», según contó el propio agredido a una vecina. La víctima, que estaba estudiando, solía ganarse un dinero repartiendo las compras que algunos vecinos realizan en una tienda de ultramarinos de esa calle, muy cerca de la plaza de toros de Cuatro Caminos. En el momento de los hechos, el joven de 21 años se trasladaba a entregar un pedido a un vecino cuando el otro joven «le atacó por detrás con un machete y le cortó en el cuello y en una mano», ya que la víctima intentó defenderse. El juez mandó al agresor a prisión provisional.

Las fiestas de San Ginés de Colindres echaron su telón de fondo, a finales de agosto, con una agresión por arma blanca. La Guardia Civil detuvo a un varón de 26 años y origen colombiano como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa por agredir a otro joven con una navaja causándole en el tórax una herida incisa por la que tuvo que ser hospitalizado. El día de autos actuó en la villa Nacha Pop y, a continuación, se celebró una macrofiesta a la que asistieron cientos de jóvenes que se prolongó hasta las cuatro y media de la madrugada. En el transcurso de esa macrofiesta «se produjeron distintos desórdenes públicos», aunque ninguno de la gravedad del que se registró a última hora de la noche, «cuando un joven asestó una puñalada en el tórax a otro causándole lesiones de gravedad por las que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Valdecilla».

Un varón de 33 años, con un amplio historial delictivo, protagonizó en octubre una agresión que le pudo costar la vida a una policía que se encontraba fuera de servicio. El agresor había sustraído en un supermercado varios productos de cosmética para mujer cuando se vio sorprendido por la encargada del establecimiento. Al darle el alto cuando se disponía a abandonar el comercio, el ladrón intentó agredir con un arma blanca a la empleada. Pero no lo consiguió. Una funcionaria de la Policía Nacional que se encontraba en el lugar intentó interceptar al asaltante, que lanzó una puñalada alcanzándola a la altura del pecho (aunque no la hirió de gravedad). Finalmente fue detenido y enviado a prisión provisional por el juez.

Hace apenas veinte días, dos mujeres de etnia gitana resultaron heridas de gravedad (aunque se encuentran fuera de peligro) tras ser apuñaladas por un menor en Barros (Los Corrales de Buelna). La Guardia Civil detuvo al menor de edad como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y a una mujer como presunta autora de un delito de lesiones. La jueza acordó el internamiento del joven.

La crónica judicial del 2022 dejó en Cantabria un reguero de causas, juicios y sentencias, entre las que destacan dos condenas por la repercusión mediática que han tenido ambas. Una es la que afecta al magistrado Luis Acayro Sánchez, condenado a cinco años de inhabilitación por prevaricación, y la otra es la que tiene como protagonista a Carmen Merino, condenada a 15 años de cárcel por matar a su pareja, hechos calificados por el jurado como un delito de homicidio con el agravante de parentesco.

La Audiencia Provincial de Cantabria condenó en marzo a cinco años y tres meses de prisión al conductor implicado en el accidente de tráfico que tuvo lugar en el verano de 2020 en la rotonda de Corbán, en Santander, en el que fallecieron dos chicas de 28 y 29 años que viajaban en otro vehículo contra el que impactó cuando circulaba bajo los efectos del alcohol y a gran velocidad. El tribunal consideró a Luis Echevarría autor de dos delitos de homicidio por imprudencia, en concurso con un delito de conducción temeraria, otro de exceso de velocidad y un tercero de conducción bajo los efectos de alcohol, por los que el fiscal solicitaba seis años y nueve meses de prisión.

La defensa del acusado recurrió y en junio el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ratificó la condena.

Un año después del asesinato de Eva Jaular y su bebé de once meses, la investigación sigue abierta. Todavía hay varios cabos por atar, a pesar de que el juez cree que hay indicios suficientes para imputar al detenido, José Reñones (expareja de Eva y padre de la bebé), dos delitos de homicidio y otro de quebrantamiento de orden de alejamiento. Durante el 2022, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santander, Fernando Vegas, ha tomado declaración a todos los testigos y ha practicado diversas diligencias, aunque aún queda por conocer el resultado de varias que pueden ser determinantes en la investigación. Hasta el momento, los testigos que han declarado han desmontado la versión de los hechos del acusado, que niega la autoría del doble crimen alegando que no volvió a la casa donde sucedieron los hechos después de que dos guardias civiles le desalojaran.

Otro de los casos más mediáticos que deja el pasado año es el que puso fin al polémico Delirium Festival de Ajo que se celebró en 2017. La Audiencia Provincial de Cantabria condenó a dos años y tres meses de cárcel a Vicente de la Fuente (hijo), organizador del evento, por un delito continuado de apropiación indebida por apropiarse de 89.427 euros de la empresa que creó junto a otros dos socios (que le denunciaron) para fines particulares. Además de la pena de prisión, la Sala le impuso una multa de 1.260 euros y el pago de una indemnización a la sociedad por importe de las cantidades detraídas, esto es, 89.427 euros. Sin embargo, le absolvió del delito de administración desleal por el que venía siendo acusado por sus dos socios. El condenado recurrió y está a la espera de que el TSJC emita su correspondiente sentencia.

En noviembre, el TSJC condenó al magistrado Luis Acayro Sánchez a cinco años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo -ahora está suspendido provisionalmente de sus funciones- por un delito de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentaron el Colegio de Abogados y el letrado José María Real hace más de un año al considerar que el juez se extralimitó en sus funciones al llevar a cabo una investigación prospectiva («a ver lo que pesco») frente al letrado que le denunció. El titular del Juzgado de lo Contencioso Nº2 recurrió su condena, con lo que será el Supremo quien tenga la última palabra. Este mismo tribunal rechazó en junio el recurso que presentó Acayro Sánchez contra el nombramiento del magistrado José Luis López del Moral como presidente del TSJC, puesto al que él también aspiró en 2020.

El caso más mediático fue el que acabó con Carmen Merino condenada a 15 años de cárcel por la muerte de su pareja en 2019, Jesús María Baranda, del que solo ha aparecido el cráneo. El jurado popular consideró a la acusada autora de un delito de homicidio con el agravante de parentesco, al no quedar probada la alevosía que planteaban las acusaciones (pedían 25 años de prisión por asesinato). La defensa de Merino presentó hace unos días un recurso ante el TSJC.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real condenó a Carlos Andrés Bustamante a más de 25 años de cárcel (25 por asesinato y cinco meses más por profanación del cadáver) por asesinar y descuartizar a Nancy Paola Reyes, su pareja sentimental, en agosto de 2020 en Santander.

Hace unos días han trascendido los dos escritos provisionales de calificación de los hechos en el caso del crimen de León, en el que el joven de Colindres Mario Fuentes fue asesinado. La Fiscalía solicita 22 años de cárcel para el autor confeso, Jorge Cervantes, además de una indemnización para la familia de la víctima de 177.000 euros. La acusación particular reclama 20 años de cárcel y 290.000 euros.