«La asignatura de Religión acabará desapareciendo si no cuenta para nota»

A la Conferencia Episcopal le «preocupan profundamente» las palabras sobre la asignatura de Religión que la pasada semana pronunció la ministra de Educación, Isabel Celaá, hasta el punto de que tras la reunión del Consejo Ejecutivo los prelados mandaron un comunicado al que se acoge el propio obispo de Santander al ser preguntado por la intención del Gobierno central de que la asignatura de Religión «deje de ser computable con efectos académicos»; es decir, que deje de contar para la nota media.

«La asignatura debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo», dice la Conferencia Episcopal: «Es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta por los poderes públicos», defienden los obispos ante los nuevos planes el Gobierno central.

El comunicado llegaba horas después de la intervención de Isabel Celaá, en la que anunció también que Religión dejará de tener una asignatura alternativa o espejo y, en cambio, será obligatoria una de Valores Cívicos y Éticos, centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticos como fija la Declaración de París de 2015. ¿Cómo cae la noticia a las asociaciones cántabras?

La oposición frontal llega desde la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia), que advierte que, de llevarse a cabo, la asignatura de Religión «será arrinconada y quedará sin valor, y acabará desapareciendo al no ser computable», y ante esta perspectiva, su presidenta Mónica Haro pide «respeto para las familias que escogen libremente cursarla».

Del otro lado está la FAPA, la Federación de Padres y Madres de Alumnos, que hace una lectura totalmente distinta: «Nos parece una buena noticia, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla y cuál es el planteamiento, pero como noticia lógicamente nos gusta lo que dice», señala su presidenta, Leticia Cardenal.

¿Y los sindicatos? El STEC cántabro aplaude la medida ya que es parte idiosincrasia: «Estamos totalmente de acuerdo con la intención de la ministra», dice un portavoz del sindicato. «La religión debe estar en el ámbito privado, no en las aulas; por esto pedimos la derogación de los acuerdos de la Santa Sede y los privilegios que conllevan». En cambio, son esos mismos acuerdos a los que alude la presidenta de Concapa Cantabria para pedir que Religión se quede como está: «El Gobierno tiene que respetar los acuerdos que hay suscritos. Tendrá que hablarlo o renegociarlo, pero no puede coger un decreto ley y quitar una asignatura que tiene un seguimiento mayoritario».

Otra de las polémicas suscitadas por la intervención de Celaá es su alusión a la escuela pública como «eje vertebrador del sistema», para anunciar la derogación del artículo 109 de la Lomce, «un eufemismo que propicia que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada». En ese sentido, la presidenta de Concapa, Mónica Haro, replica: «No queremos ser subsidiarios, queremos ser complementarios de la escuela pública, como se ha demostrado que funciona, y que además está reconocido constitucionalmente».

Concapa, que representa a «más del 32% del alumnado de la región», defiende que «cualquier decisión se tome desde el consenso y se alcance un pacto por la educación con todas las organizaciones: hay que hablar y no tomar decisiones de forma unilateral. Hay problemas más importantes que atajar, como el fracaso o abandono escolar temprano».