La Asociación de Periodistas recuerda que la hostelería puede ofrecer periódicos a sus clientes

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) ha lamentado que algunos inspectores de la Consejería de Sanidad estén amenazando a los propietarios de establecimientos hosteleros con imponer multas si ofrecen prensa en papel a sus clientes.

La asociación ha trasladado una carta al consejero de Sanidad del Gobierno cántabro, Miguel Rodríguez, en la que se rechaza esta interpretación de sus inspectores máxime cuando, según alega la APC, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el papel prensa, por sus características, no transmite el coronavirus. La Asociación de Periodistas de Cantabria afirma que diversas fuentes oficiales le han confirmado «que no existe protocolo o reglamentación alguna en España o Europa que prohíba el uso del papel prensa como posible transmisor del virus».

Al contrario, según la APC, son numerosas las fuentes de información (entre las que citan a la OMS y la revista científica Journal of Hospital Infection), según las cuales nunca ha habido un incidente documentado en el que el covid-19 haya sido transmitido por un periódico, revista, carta impresa o paquete.

Asimismo, añade que los gobiernos de otras comunidades autónomas, caso de Asturias o Castilla y León, especialmente castigada por la pandemia, han señalado oficialmente que el uso del papel prensa está exento de cualquier riesgo de contagio, incluso cuando es compartido por diferentes personas.

En consecuencia, y siempre según los estudios científicos actuales, la Asociación de Periodistas de Cantabria ha trasladado un mensaje de «tranquilidad, tanto a la población en general como a los establecimientos hosteleros que ofrecen la prensa a sus clientes», ya que, según ha incidido, «no existe riesgo significativo de contagiarse con el covid-19 al leer los periódicos, y siempre que se cumplan las medidas obligatorias generales, como el uso de mascarillas o la desinfección habitual de manos».

Si bien la APC comprende la tensión a la que están sometidos muchos colectivos profesionales, como por ejemplo los inspectores de Sanidad, insta al consejero a «clarificar este extremo en su departamento para que no se produzcan situaciones injustas, seguramente por un exceso de celo que no está cimentado en ninguna norma ni estudio científico».