Las asociaciones cántabras del transporte se debaten entre apoyar o no una nueva convocatoria de huelga

La Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria (Aetrac) lo tiene claro. «La cosa está complicada, eso es cierto, y el precio del gasoil tampoco ayuda, la verdad», reconoce Pontón, portavoz del colectivo que aglutina a 140 empresas de transporte de la región con una flota de más de 2.500 camiones. «El Comité Nacional del Transporte ya se reunió la semana pasada con el Ministerio para revisar cómo estaba el Proyecto de Ley de aplicación de la cadena alimentaria al sector del transporte para garantizar que no trabajemos por debajo del precio de coste. El plazo para aprobar el borrador definitivo es el 31 de julio», continúa Pontón. Así que le dan un voto de confianza al Gobierno central. Por su parte, la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasan), que reúne a 470 camiones, el 90% autónomos, es menos explícito. La junta directiva prefiere que sean los socios los que se posicionen. En la asamblea del sábado, de carácter ordinario, podrían tomar una decisión. «Nosotros, directiva, no llevaremos ninguna propuesta ni a favor ni en contra», desvela Cianca.

La voz cantante de lo que sería la segunda huelga del sector en un mismo año la lleva una vez más la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que engloba a pymes y autónomos. El colectivo también estuvo presente en la reunión de la semana pasada con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), y considera que el Gobierno no va a cumplir su palabra para que la Ley de la cadena alimentaria para los transportes de mercancías, que impedirá trabajar a pérdidas, entre en vigor antes de final de mes.

«Lo que hay que hacer es aplicar los instrumentos que tenemos en estos momentos: repercutir la subida del gasoil a los clientes, como nos permite la ley», explican desde Aetrac. «Porque, además, no tiene pinta de que el precio se vaya a estabilizar en los dos euros. La escalada se escapa incluso al control del propio Gobierno, que poco puede hacer. Está aplicando el mínimo de impuestos que le permite la Unión Europea, que es de 349 euros por cada 1.000 litros. No tiene mucho margen para actuar», subraya.

Aun así, la Plataforma del Transporte de Mercancías no está contenta. En una carta remitida a sus socios tras el encuentro de la semana pasada en el Ministerio, les dijo que está harta «de promesas que no terminan de ser efectivas y que a pesar de la publicidad que desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -el órgano legítimo de representación del sector- pretenden vender, nosotros, los afectados principales, no terminamos nunca de palpar materialmente».

En caso de que decidan retomar los paros que interrumpieron en abril -en Cantabria fue a finales de marzo- el escenario podría volver a repetirse. En la región hubo numerosas jornadas de protestas y marchas lentas y varios camioneros fueron detenidos por participar de manera violenta en piquetes.