Asturias adelanta a Cantabria en la regulación de las viviendas turísticas

De momento, la norma por la que se rige Cantabria es otra. Todo aquel que quiera una autorización para abrir una vivienda turística necesita «una declaración acerca de que los estatutos o acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios no prohíben ni establecen restricciones del uso del inmueble al destino de la vivienda de uso turístico», tal y como establece el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Es decir, si en los documentos de la comunidad de vecinos no dice que no, el propietario de la vivienda tiene vía libre -siempre y cuando cumpla con el resto de requisitos-. El problema está en que casi ningún estatuto recoge la prohibición de actividades económicas dentro del edificio. Habría que actualizarlos.

Hasta octubre esto seguirá siendo así. Un tiempo, por cierto, más que suficiente para que el número de declaraciones responsables siga creciendo de forma «desorbitada», como ha venido haciendo en los últimos años. Para hacerse una idea, la cifra pasó de 890 en 2022 a 2.031 en 2023. Es cuestión de ir sumando. Para más inri, fue la propia consejera quien dijo que «si seguimos con ese crecimiento, va a llegar un momento en que la situación va a ser insostenible. No podemos demorar más este problema». Unas declaraciones proferidas cuando la fecha de la nueva norma todavía estaba prevista para verano y no para otoño.

Habrá que esperar para conocer qué medidas adoptara Cantabria para regular las viviendas turísticas y ver si imita las reformas que el Principado de Asturias aplicará a partir de abril.