El atasco judicial aumenta: los asuntos pendientes de tramitar crecen un 9%

La situación va camino de convertirse en «insostenible», advierten los decanos del colegio de abogados y procuradores. De nada sirve que a nivel nacional el retraso sea aún mayor –un 18,5%–. Ambas instituciones explican lo difícil de combatir un cóctel tan explosivo. «Estamos muy preocupados porque el retraso, sobre todo a raíz de la pandemia, es muy importante, y a todo eso hay que unir las dos huelgas que han ralentizado aún más los tiempos», afirma Andrés de Diego, decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria. Los juzgados y tribunales de la región recibieron entre julio y septiembre 19.003 nuevos asuntos y en ese mismo periodo fueron capaces de resolver 16.242, que fueron, sin embargo, un 5,42% más que en el mismo periodo del año anterior. Por comparar, a nivel nacional el incremento fue del 8,8%.

«Donde más se está notando el atasco es precisamente en la capital. Santander era antes el partido judicial que mejor funcionaba con mucha diferencia, pero tanto la pandemia como las huelgas han tenido más efecto aquí que en el resto de la comunidad», subraya Rosaura Díez, decana del Colegio de Procuradores de Cantabria. Pero, si en algo Cantabria está mucho peor que el resto del país, es en la jurisdicción social, que para muchos expertos es la más importante por la trascendencia que tiene para la vida de las personas. La cántabra es la que más litigiosidad registró con 4,14 asuntos por cada mil habitantes. La media nacional se sitúa en 2,26. A lo que hay que unir que el aumento de los asuntos que ingresaron en este tiempo los diferentes órganos judiciales fue de un 77%. «La situación aquí es insostenible. Hay materias que para muchas personas son vitales. Hablamos de despidos, grados de invalidez, pensiones alimenticias... que se están yendo a cerca de dos años en los señalamientos», afirma De Diego. «A todo esto se debe sumar la incertidumbre que hay en el ambiente sobre la huelga pendiente de los funcionarios, que la suspendieron por la convocatoria de las pasadas elecciones generales», recalca.

Los representantes del colectivo de abogados y procuradores confían en los resultados que aporte la mesa conjunta de trabajo entre el sector de la justicia y el Gobierno regional para lograr este año mejorar la situación a través de un pacto. «Pero va a requerir el esfuerzo de todos los operadores judiciales: de todos», recalca Díez. «Entendemos como acertada esta propuesta del Pacto por la Justicia ofrecida por la nueva consejera para remontar la caótica situación actual», apostilla.

El informe del CGPJ también evalúa la calidad de la justicia en la región. El mismo asegura que la duración media de los procedimientos en primera instancia es de 7,5 meses y en segunda instancia, de 7,3 meses; al mismo el nivel que el conjunto del país. Cada miembro de la carrera judicial recibió 240 asuntos y fue capaz de dictar una media de 56 sentencias. De las recurridas en apelación, se confirmaron el 65,8% y de las que se elevaron hasta el Tribunal Supremo se ratificaron en un 92%.

Los órganos judiciales dictaron en el tercer trimestre 15.767 resoluciones entre sentencias (4.429), autos (7.774) y decretos (3.564). Y fueron capaces de resolver el 85% de los asuntos que ingresaron, lo que situó a la región en una cifra similar a la media nacional (86%).