Atasco de la Justicia: «Estamos señalando para marzo de 2024 los juicios suspendidos por la huelga anterior»

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) exploró distintas fórmulas para resolver el atasco generado. Lo primero que hizo fue preguntar a los afectados: número de asuntos pendientes, posibles soluciones y necesidades. Sorprendentemente, se encontró con una respuesta «unánime»: los juzgados no reclamaron refuerzos externos para sacar adelante el trabajo acumulado.

Sin embargo, la situación de atasco generada -acrecentada ahora con la huelga de los funcionarios de Justicia y que puede ser aún mayor si se suman jueces y fiscales- es significativa en algunos juzgados. Es el caso de los de la jurisdicción social, destinados a conocer en primera o única instancia asuntos laborales. El titular del Juzgado de lo Social número 4 de Santander, Óscar Ferrer, da buena cuenta de esta situación. «Los 198 juicios que tuve que suspender por la primera huelga, la de los letrados de justicia, los estamos señalando ahora para marzo de 2024. Y las demandas que entren ahora, tendrán que ser juzgadas para octubre del próximo año», ilustra.

Para entender la magnitud del efecto de las huelgas que afectan a la Justicia cántabra, el magistrado Ferrer da otro dato revelador: «Antes de la pandemia señalábamos los juicios para dentro de cuatro meses», apunta, al tiempo que reconoce que en su Juzgado los siete funcionarios están secundando la actual huelga, «con lo que estamos prácticamente parados». «La situación es mala, el atasco se va a incrementar si se solapan dos huelgas», añade, aportando una solución al problema: «Hacen falta más jueces».

A falta de datos sobre la suspensión de procedimientos durante la primera semana del paro de los funcionarios, Manuel Garay, responsable del sector Justicia del CSIF, sindicato convocante de la huelga, pone más ejemplos del efecto de la protesta en los tribunales. «En materia civil, todas las vistas orales se suspenden, salvo las que sean de familia referentes a medidas provisionales o cuestiones de menores o incapacidad e internamientos urgentes. Y en Penal solo se celebran aquellas que son causas con preso o detenido».

Sobre los señalamientos suspendidos, Garay confirma que en la jurisdicción Social tendrán que fijarse a partir de verano de 2024; en Civil «se está señalando con cinco o seis meses de retraso, de septiembre en adelante; y en Penal también hablamos de meses de demora». «Hay que tirar de agenda y hay que dejar huecos para asuntos urgentes. Y sobre todo ahora que viene en materia electoral los contenciosos, al haber impugnaciones a las listas de candidatos, que también van a complicar el asunto».

Entre los afectados por el conflicto, además de la ciudadanía y del colectivo de abogados, se encuentran los procuradores, que están notando ese atasco producido por las huelgas. «Llueve sobre mojado», apunta Rosaura Diez, decana del Colegio de Procuradores de Cantabria. «Si finalmente se suman al paro los jueces y fiscales, va a ser la gota que colme el vaso. Si no se acaban los procedimientos, no podemos minutar y en la última liquidación trimestral del IVA lo hemos notado».

El comité de huelga señaló ayer que al ya anunciado paro de 24 horas del próximo 4 de mayo, suman los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18. En un comunicado, los sindicatos que promueven el paro avanzaron que modifican así el modelo de protesta suprimiendo los paros parciales diarios para implementar estos paros de 24 horas. Además, indicaron que el día 4 celebrarán una concentración de trabajadores ante el Ministerio de Justicia, en Madrid, a las 12.00 horas.