El atasco en los juzgados sigue en aumento con un 13% más de expedientes sin tramitar

Cantabria está estructurada en ocho partidos judiciales diferentes en los que se integran 54 órganos unipersonales, las cuatro secciones de la Audiencia Provincial y las tres salas del Tribunal Superior de Justicia. En todos ellos, prestan servicios 43 juezas y 37 jueces. Las cifras dan vértigo. El conjunto de la Administración dictó el año pasado un total de 77.030 resoluciones repartidas entre 23.752 sentencias, 33.924 autos y 19.534 decretos.

Para entender mejor el alcance, el informe del TSJC recoge diferentes tasas que permiten medir y compararla productividad de los juzgados y tribunales. Por ejemplo, la tasa de resolución, que relaciona los asuntos resueltos en relación con los ingresados, es de 0,96. Esto es, consiguieron dar salida al 96% de los que ingresaron. Una medida que prácticamente coincide con la del conjunto del país (0,97).

Otras de las varas de medir es la denominada tasa de pendencia. Es el resultado de dividir los asuntos pendientes a final de 2022 y los resueltos durante el año. Respecto a otros ejercicios, creció un 14,9%.

Esta elevada carga se ve reflejada en el elevado número de asuntos atendidos por cada juez: 1.033 asuntos y 308 sentencias de media. El TSJC, en cambio, saca pecho con el trabajo realizado por los trabajadores de Justicia pese a las dificultades. Por ejemplo, que el 75% de las sentencias que fueron recurridas en apelación finalmente se confirmaron y también el 89,6% de las elevadas al Tribunal Supremo.

En cambio, uno de los peros es la lentitud. Los juzgados tardan en resolver los asuntos una media de seis meses. Según la Memoria Judicial de 2022, 5,3 meses en primera instancia y 5,9 en segunda. Por jurisdicciones, la media oscila. En la Civil, 6,7 en primera instancia y 8,2 en segunda; en la Penal, 2,5 y 4,5, respectivamente; en lo Contencioso-Administrativo, 7,2 y 9,1, y en la Social se dispara hasta los 10,6 meses en primera instancia y 1,1 en segunda.

La sobrecarga de trabajo que recibe la Administración de Justicia se debe, en gran parte, al elevado número de demandas presentadas por los clientes de los bancos y entidades financieras. Esto motivó que el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santander se tuviese que dedicar exclusivamente a ello –el Mercantil no daba abasto–. Sin embargo, esta misión concluyó el pasado 31 de diciembre. Así lo decidió el Ministerio de Justicia tras consultar a la comunidad autónoma, que habló a su vez con la Sala de Gobierno del TSJC. Desde su especialización –junio de 2017– el Juzgado Número 2 y el de refuerzo han registrado 20.632 asuntos relacionados mayormente con las cláusulas hipotecarias, de los que han resuelto el 79,4% de ellos (16.391). En estos más de cinco años en vigor, han dictado 12.455 sentencias y a 1 de enero de 2023 aún había en tramitación 4.241 procedimientos.

La Memoria Judicial también repasa los órganos superiores. Del Tribunal Superior estudia sus tres salas. La de lo Contencioso-Administrativo registró en 2022 una entrada de 749 asuntos, 127 más que el año anterior. Sin embargo, resolvió 658, lo que levó la tasa de pendencia. En cambio, emitió 332 sentencias más que en 2021. En el capítulo de necesidades, destacan las materiales. Entre ellas, «las dificultades para la implantación del Expediente Administrativo Electrónico (EADE)» y la «correcta implantación del Expediente Judicial Electrónico».

En la Sala Social, el volumen de asuntos también aumentó. De los 875 de 2021 (869 recursos y 6 procedimientos ordinarios), a los 1.044 de 2022 (1 procedimiento ordinario, 1.029 de suplicación, 11 recursos de queja y tres recursos de súplica). La productividad mejoró y la tasa de resolución se incrementó un 3,4%. A 31 de diciembre, los asuntos pendientes ascendían a 147. Mientras tanto, en la Sala de lo Civil y Penal resolvió 86 asuntos en 2022 correspondientes a recursos de apelación, denuncias o querellas.

La Audiencia Provincial es el órgano de apelación que atiende los recursos civiles y penales. Se compone de cuatro secciones que a su vez se dividen en dos jurisdicciones: civil y penal. En cifras, las secciones civiles mantuvieron «un incremento regular y acumulado» en el número de asuntos que recibieron. Desde 2016 no han parado de crecer: 1.683 ese ejercicio, 1973 en 2017, 2.256 en 2018, 2.292 en 2019, 2.225 en 2020 y 2.537 en 2021. En 2022, fueron 2.371. De esta manera, el incremento en estos años ha sido de un 40%. El informe lo explica así: «Las razones, como ya se indicó en informes anteriores, tiene relación con el persistente número de litigios en materia bancaria, que no tiene visos de ceder». A lo que suman un añadido: «La localización del domicilio social en la capital del Banco Santander S.A.».

Sin embargo, el estudio destaca la «alta capacidad resolutiva, con 2.158 asuntos ventilados, cifra superior a la de años anteriores (2.111 en 2019, 2.088 en 2020 y 2.067 en 2021).