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Cuando el pasado 30 de septiembre se hizo efectivo el cese del gerente de Atención Primaria, Pablo Busca, y del director médico, Rubén Cebrecos –adelantado por este periódico antes de la comunicación oficial–, desde la Consejería se anunció una convocatoria pública de libre concurrencia ... competitiva para seleccionar a sus sucesores. «No se trata de hacer nombramientos sin más, sino de elegir entre los mejores», subrayó entonces el titular de Salud, César Pascual, una vez valorados sus logros, formación y experiencia, así como sus competencias directivas.
Y aunque en aquel momento se estimaba que ese proceso estaría resuelto en «un plazo aproximado de un mes», lo cierto es que ese mes ya ha pasado y nada se sabe de los aspirantes a ambos puestos directivos. ¿Cuántos profesionales se han postulado para dirigir la Atención Primaria de Cantabria? ¿Y cuándo se harán efectivos esos nombramientos? Son las dos preguntas, trasladadas a Sanidad ayer por la mañana, para las que por el momento no hay respuesta. Y mientras tanto, buena parte de la gestión y de las negociaciones que competen al ámbito de la Atención Primaria están siendo asumidas por la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Es el caso del conflicto planteado por los Servicios de Urgencias (SUAP), que ya han anunciado huelga para el puente de diciembre y los festivos de las Navidades si no se atienden sus reivindicaciones, «hartos» de las múltiples incidencias acumuladas por la falta de sustitutos, especialmente durante el verano, pero que «se han convertido ya en nuestra normalidad», como denuncian las organizaciones convocantes, CSIF y aSUAP. No hay semana que no den cuenta de algún equipo de guardia que se queda incompleto. Como ocurrió, por ejemplo, el 28 de octubre en Los Castros, solo con uno de los dos médicos habituales; o en Los Corrales de Buelna y Colindres, donde esa jornada no hubo facultativos de urgencias. Y al día siguiente, viernes, el goteo continuó, como apuntan desde el sindicato CC OO: «Sin médico en Meruelo».
A principios de la semana pasada, lejos de rebajarse las tensiones, se acrecentaron. Los profesionales lamentaban que, tras el anuncio de huelga, «algún responsable decidió que se deben denegar todos los permisos de los trabajadores del SUAP inmediatamente». Una reacción que interpretaban no solo como «una acción punible», sino también como «una especie de vendetta por las actuaciones emprendidas desde el colectivo». Pero su protesta pública, en la que se quejaban también de «la pasividad» de la Administración, que «no había hecho ni siquiera amago de sentarse a hablar», dio sus frutos.
Y fue el jueves cuando desde la Gerencia del SCS se citó al comité de huelga para recoger sus reivindicaciones. El interlocutor principal es el subdirector de Recursos Humanos, Juan Ramón Artiga, el encargado de analizar las propuestas planteadas y de buscar posibles soluciones para evitar los paros previstos en diciembre. Soluciones que pasan entre otras cosas, dicen CSIF y aSUAP, por no dejar pasar la oportunidad de captar a nuevos profesionales. Y al menos hasta la semana pasada, el SCS no había ofertado «a los médicos de familia que acaban de terminar el MIR ninguno de los contratos que supuestamente iban a fidelizar su compromiso con la comunidad».
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