Atender a los 20.000 mutualistas de Muface costará 40 millones de euros a la Sanidad regional

La renuncia de las aseguradoras privadas que venían prestando cobertura médica para la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), afectará en Cantabria a unas 20.000 personas, entre funcionarios y familiares dependientes de ellos. En la región, Adeslas venía atendiendo a 7.797 mutualistas; Asisa, a 5.968; DKV, a 285, y otros 5.733 mantenían un concierto con la Seguridad Social. Esta situación cambiará a partir del próximo 1 de enero, cuando todos ellos deban ser absorbidos por el sistema público de salud, en caso de que el Ministerio de la Función Pública no halle una solución.

El consejero de Salud, César Pascual, aseguró el lunes en el Parlamento que, suceda lo que suceda, los mutualistas no se verán desprotegidos. «Entiendo la intranquilidad en los funcionarios ante esto, y quiero transmitir que garantizamos la asistencia: lo que no garantiza nadie es la financiación de esa asistencia, ni cómo lo vamos a hacer».

Como explicó, el Gobierno de España está planteando transferir a las comunidades autónomas el dinero del concurso al que las aseguradoras no se presentan, ya que consideran que prestar el servicio les resulta deficitario. Es, en palabras del consejero, «una tomadura de pelo». «Ya anuncio que nosotros, si hay que atender a los mutualistas, les atendemos; luego litigaremos contra este latrocinio del Gobierno de Sánchez lo que haya que litigar».

Lo que ofrece Madrid, según César Pascual, supone «que esta comunidad asuma más de 20 millones al año en la atención a los mutualistas». «Nos plantea una afrenta más al Gobierno de Cantabria y a todos los cántabros, porque nos supone 20 millones al año aceptar esta situación, y desde luego no la vamos a aceptar», expuso el consejero.

La incorporación de estos 20.000 ciudadanos al sistema de salud público se produce además en un momento en que este se encuentra «muy tensionado», como reconoció el responsable regional del área, lastrado por la falta de profesionales y con unas largas listas de espera que siguen sin recortarse de forma clara.

«El miedo que tenemos es la sobrecarga asistencial que se puede producir -coincide el vicepresidente del Sindicato Médico, Santiago Raba-; estamos muy al límite y, lógicamente, el desembarco de pacientes de Muface puede complicar más las cosas».

Esas dificultades, apunta, afectarán «fundamentalmente a los hospitales, porque en Atención Primaria se les atiende de forma habitual por un convenio que mantienen con el Servicio Cántabro de Salud, ya que Muface no cuenta con médicos en todas las localidades. Ahí no esperamos una sobrecarga y puede ser llevadero, pero en los hospitales tenemos miedo de que se colapse al tensionar la situación todavía más».

Por su parte, la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF en Cantabria, Margarita Ferreras, reconoce que existe «preocupación» entre los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud. «Nos parece que ya está bastante tensionada la Sanidad pública en Cantabria como para asumir, con la misma plantilla y los mismos recursos materiales y humanos, ese volumen de personas a las que tenemos que prestar servicio, y desde luego se va a resentir la calidad de la asistencia sanitaria, al tiempo que aumentarán las listas de espera de consultas y quirúrgicas».

«Si tienes que prestar el servicio a esa población que ahora no tienes, vas a requerir más infraestructura y personal, y eso cuesta dinero. Si ese coste económico no está dispuesto a sufragarlo el Gobierno central, la financiación va a ser deficitaria y se va a resentir la cantidad y calidad de la asistencia que se va a dar. No se puede dar con menos dinero más asistencia, los números son tozudos», razona Ferreras.