La Audiencia confirma la prisión provisional del funcionario de Carreteras

Como se recordará, la instructora imputa al jefe de Carreteras hasta cinco delitos: cohecho, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. De ahí que en el auto en el que decretó su ingreso en prisión considerara que «la gravedad de los hechos que se atribuyen al investigado y las elevadas penas que se le podrían imponer de ser condenado, atendidos los sólidos indicios de comisión delictiva existentes respecto del mismo, determina un importantísimo peligro de fuga y de que el detenido intente eludir la acción de la justicia». Y más, dice la jueza, «por su importante capacidad económica y su condición de titular de cuentas bancarias abiertas en el extranjero».

Por eso, el pasado 24 de febrero la instructora atendió la solicitud del Ministerio Fiscal y acordó la medida cautelar de prisión provisional, «como único medio de evitar que el detenido pueda sustraerse a la acción de la justicia, evitando igualmente con la medida solicitada la reiteración delictiva y el riesgo de que el investigado pueda actuar destruyendo medios de prueba».

Sin embargo, la defensa del funcionario discrepó con las conclusiones de la jueza y defiende que «no existe riesgo de fuga», teniendo en cuenta que Miguel Ángel Diez y su familia «tienen todas sus cuentas bloqueadas» y «es falso que tenga una cuenta en Luxemburgo». Por ello, solicitó a la Audiencia Provincial que revocase el auto de la jueza Compostizo y dejase en libertad al funcionario bajo medidas de control como la retirada del pasaporte (cómo hizo la instructora con la mujer del funcionario) y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.

Por su parte, tanto la Fiscalía como el Ejecutivo regional se opusieron a la libertad del jefe de servicio de Carreteras Autonómicas. El fiscal que lleva el caso entiende que no hay ningún motivo que lleve a variar la postura que manifestó durante la comparecencia de Diez el pasado 24 de febrero. Es decir, sigue existiendo el mismo riesgo de fuga que entonces, además de una posible destrucción de pruebas.

En la misma línea, el Gobierno cántabro consideró que la puesta en libertad del cabecilla de la trama en Obras Públicas, al que encontraron 540.000 euros en una caja fuerte escondida en su vivienda, «podría perjudicar la investigación».

Finalmente, la Sección Primera ha decidido que no hay motivos para varias las medidas cautelares acordadas por la magistrada Mercedes Compostizo el pasado 24 de febrero.