La Audiencia juzgará el 9 y 10 de febrero a los dos ex altos cargos del SCS acusados de prevaricación

En concreto, la Fiscalía considera a Francisco Javier González autor de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que le reclama 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Y a Alejandro Rojo le acusa del mismo delito (no continuado), por el que le solicita 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PP, que ejerce de acusación particular en este procedimiento, solicita penas de 15 años de inhabilitación para ambos.

La titular del Juzgado Nº5 de Santander que ha instruido el caso también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri, que falleció con posterioridad.

Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS, en la etapa de María Luisa Real como consejera de Sanidad, salieron a la luz en 2018 y a raíz de ellas no sólo dimitieron de sus cargos los dos sospechosos, también lo hizo el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil.

Las presuntas irregularidades se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud, la compra de 22 ecógrafos y las asistencias técnicas del citado asesor externo.

Las acusaciones mantienen que los encausados acudieron al contrato menor para adjudicar «a dedo» a tres empresas (Gardenor, Iralia y Serincopsa), vinculadas al hijo de un alcalde socialista, el pintado de cuatro centros de salud por un importe superior a los 157.000 euros. Según su tesis, pese a estar vigente el contrato con la empresa Elecnor para el mismo fin, González y Rojo encargaron labores de pintado en cuatro centros a esas tres empresas generando un gasto innecesario al erario público.

Además, el SCS adquirió 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, pero en lugar de hacerlo en un solo lote para que salieran más baratos, la compra de los aparatos se troceó, a pesar de que eran idénticos y no había urgencia alguna para adquirirlos, contraviniendo así la legislación. Las acusaciones en este caso apuntan directamente a González.

Además, acusan a los dos encausados de contratar «a dedo» a su amigo y asesor externo Sáenz de Viteri, que prácticamente se instaló en las dependencias de la subdirección, y a su hija, para la realización de cinco encargos por 84.619 euros.

La instrucción de esta causa ya cuenta con el aval previo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que en marzo rechazó los recursos de apelación de los dos acusados. Del mismo modo, este tribunal desestimó el recurso del Ministerio Fiscal, que pretendía incluir en los hechos susceptibles de enjuiciamiento las obras de ampliación del Hospital Virtual.