La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de Castilla y León contra la protección del lobo

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, sobre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, referido al lobo.

Además, la Audiencia Nacional también reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada Orden, lo que permitirá a Castilla y León, una vez se entregue, formalizar su demanda.

A su vez, con la decisión, se inicia la tramitación de la pieza de suspensión de la vigencia de la Orden de la ministra Teresa Ribera, medida cautelar solicitada por los Servicios Jurídicos de la Junta para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al Norte del Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto. Cantabria también había solicitado medidas cautelares en este sentido, para que el lobo se pueda seguir cazando mientras se resuelven todas las reclamaciones jurídicas que han impulsado varias comunidades autónomas.

El director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que, con esta impugnación, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco «trata de evitar que se perjudique la situación de los ganaderos», que son la verdadera «víctima» de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante un régimen «excesivo» de sobreprotección del lobo en una Comunidad en la que, ha recordado, en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año.

La Junta ha recordado que el Estado tomó su decisión «sin ningún dialogo» con las Comunidades especialmente afectadas -Galicia, Asturias, Cantabria, y la propia Castilla y León-, con gobiernos de diferentes signos políticos, y que todas ellas se han manifestado en contra de la medida de sobreprotección.

Con la interposición de este recurso, el Gobierno autonómico ha explicado que «no se sitúa en contra del lobo, sino en contra de una Orden que se ha impuesto de forma unilateral y arbitraria por parte del Gobierno de la nación», que «olvida» que cualquier medida en este ámbito debe garantizar un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la actividad ganadera.

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