La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de las asociaciones de ganaderos contra la prohibición de cazar lobos

Así se desprende de un auto del pasado 28 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la letrada de la administración de Justicia acuerda tramitar el escrito presentado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

En concreto, como han recordado a través de una nota de prensa, las asociaciones reclaman que se vuelva al Plan de Gestión del Lobo de Cantabria que había con anterioridad a la inclusión de esta especie en el Lespre, que incluía medidas tempranas para evitar los continuos ataques al ganado. «De no ser así», han advertido, «se pondría en peligro un modelo de ganadería fundamental, la extensiva».

«COAG, Asaja y UPA están dando los pasos pertinentes ante la situación a la que se han visto abocados los ganaderos, principalmente de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, donde se alberga la mayor población de lobos de la Península Ibérica, y, por lo tanto, donde se están produciendo enormes daños a la ganadería extensiva», añaden.

Las asociaciones consideran «que la decisión del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el Lespre ha sido unilateral y antidemocrática, ya que se ha tomado sin consensuarlo con la sociedad española y, sobre todo, sin preguntar a los verdaderos afectados»: los ganaderos. «En definitiva, al revés de cómo debiera ser», lamentan.

Sobre este mismo tema, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ya rechazó a mediados del pasado mes de diciembre la suspensión solicitada por Cantabria de la orden del Ministerio para la Transición Ecológica.

En su auto, los magistrados de la Sección Primera descartaron suspender de forma cautelar la orden recordando que cuando se trata de una modificación normativa tendente a instaurar con carácter general un nuevo régimen jurídico, la jurisprudencia exige que se produzcan «de forma clara y evidente» perjuicios irreversibles que no concurren en este caso.

Los magistrados sostenían entonces que la suspensión de la orden recurrida supondría que el lobo se podría seguir cazando en Cantabria, lo que provocaría un daño irreversible e irreparable. En relación con los posibles daños al ganado por los ataques del lobo de mantenerse la misma, la Sala indicaba que «serían perjuicios reparables económicamente, es decir, podrían ser objeto de una indemnización a través de los cauces legalmente establecidos al efecto».

En su recurso, el Gobierno de la comunidad autónoma subrayaba que la supervivencia de la especie no se iba a ver amenazada por mantener el statu quo previo a la orden ministerial, pues esta protege al lobo por valores distintos a los de su estado de conservación, que no se verían afectados por la suspensión.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, mostró el pasado mes de octubre su confianza en los tribunales de Justicia para que anulasen la prohibición de cazar lobos, criticando las ideas «hiper ecologistas» de la ministra de Transición Ecológica que, a su juicio, «no conoce la realidad de la vida en los pueblos».