La Audiencia Nacional asume la investigación de fraude de las clínicas de iDental

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investigará si estos hechos son constitutivos de delito de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, según expone en el auto en el que recoge que la investigación se inició a raíz de una denuncia de afectados de esta cadena en Andalucía.

La clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos si bien ofrecía paralelamente un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las cuáles percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios. Tras ello, y según consta en la denuncia de los afectados, «los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos«.

Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según De la Mata existen referencias sólidas de que se trata de miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, «habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas«.

Como muestra de la magnitud de la causa, el juez añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas comunidades autónomas y colegios profesionales, que se constatan con la simple navegación por Internet. Por ejemplo, los investigadores se han incautado de los historiales de más de 15.000 afectados de una de las sedes de esta compañía 'low cost' en las Palmas de Gran Canarias.

El juez presagia que, debido al tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial y su modelo de negocio, se trata de una investigación compleja que requiere de la participación de Unidades Centrales de Investigación «bajo una lógica y dirección únicas», resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción«.

El auto recuerda el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones «que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia».