La Audiencia Provincial prorroga la prisión provisional al parricida de Calvo Sotelo

El magistrado Ernesto Sagüillo, presidente del tribunal del jurado que el pasado febrero condenó a 23 años de prisión a Rafael Larios como autor de un delito de asesinato por acabar con la vida de su madre, ha acordado prorrogar la prisión provisional del condenado en tanto se resuelve el recurso de casación contra la sentencia.

Según la información facilitada por el gabinete del TSJC, el pasado martes se celebró una vista en la Audiencia Provincial para abordar su situación personal, ya que se encuentra en prisión provisional desde el 9 de octubre de 2021 y esta medida cautelar tiene una duración inicial de dos años.

Durante la vista, las acusaciones solicitaron la prórroga de la prisión provisional, medida que ahora acuerda el magistrado en un auto contra el que no cabe recurso «a la vista de la persistencia de las razones que en su día dieron lugar a que se adoptase» y a la existencia de una sentencia condenatoria, «no pudiendo descartarse el riesgo de fuga atendida la gravedad de la pena impuesta».

La Sala argumenta que «si durante la instrucción de la causa los indicios entonces obrantes fueron motivo suficiente para decretar la prisión provisional, no tendría sentido modificar esa decisión cuando ya no se trata de simples indicios, sino de una sentencia que ha valorado la prueba practicada en el juicio».

Por tanto, el magistrado Sagüillo ha acordado la prórroga de la prisión provisional hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta o bien hasta que la sentencia adquiera firmeza, una vez que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación planteado por el abogado del procesado.

El pasado mes de junio, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) confirmó la pena de 23 años de cárcel que impuso el magistrado Sagüillo a Rafael Larios, al que un jurado popular declaró culpable, por unanimidad, del asesinato (con alevosía y ensañamiento) de su madre Pilar Moreu, una enfermera jubilada, de 79 años, con la que residía (además de con su hermano), en el número 6 de la calle Calvo Sotelo de Santander.

En una sentencia que está recurrida ante el Supremo, la Sala de lo Penal rechazaba los argumentos de la defensa, quien solicitó que se reconociera la concurrencia de la circunstancia eximente completa o incompleta o una atenuante analógica de alteración mental, dado el trastorno mental que sufre el condenado.

Sin embargo, el tribunal de apelación no acogió sus argumentos «porque no se ha acreditado que las facultades intelectivas y volitivas del acusado estén afectadas en el momento de la ejecución de la muerte de la madre». Tampoco aprobó los argumentos de la defensa contra la existencia de ensañamiento en los actos del acusado, pues el jurado lo dio por acreditado en base al informe de autopsia, «una prueba de cargo válida, que ha sido racional y explícitamente valorada de forma motivada».

En concepto de responsabilidad civil, el magistrado presidente del jurado acordó en su resolución, y así lo respaldó después la Sala de Civil y Penal del TSJC, que el condenado indemnice con 85.000 y 80.000 euros a sus hermanos.

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