Auditar solo cuatro años del 'caso Obras Públicas' ignora 2,13 millones de pagos al funcionario

Apenas han pasado cinco meses desde que la magistrada Mercedes Compostizo ordenó la detención de ocho personas y el registro en domicilios, empresas y en la sede de la Consejería de Obras Públicas por la trama de las carreteras autonómicas. Un caso sin precedentes en la historia reciente de Cantabria, sobre todo porque hay 23 empresas señaladas y un entramado de sociedades perfectamente organizado para blanquear el dinero. La investigación gira en torno a la supuesta trama que orquestó el jefe del servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, junto a su mujer, Beatriz del Río, y sus dos hijas -Cecilia y Sofía-, para la adjudicación de obras a cambio de mordidas que luego blanqueaba a través de empresas fantasma. Aunque esta actividad delictiva se remonta al año 2003, según ha constatado la Agencia Tributaria, la instrucción que dirige Compostizo se centra en los últimos diez años, ya que los supuestos delitos del periodo anterior prescribieron.

La intención del recién estrenado nuevo Gobierno tampoco es ahondar en ese tramo temporal, a pesar de la contundencia de las sospechas de la Agencia Tributaria, que no tiene duda de que, aunque prescritos, los delitos se cometieron. En el documento realizado por Hacienda sobre el patrimonio familiar, se expone que «el posible cobro de comisiones irregulares arranca en 2003». Nueve años después, el patrimonio familiar habría pasado de 162.000 euros a 4,6 millones.

En esta primera etapa lo que el organismo detectó fue como diecinueve empresas diferentes y relacionadas con el sector de la construcción pagaron mordidas al funcionario y su entorno. Estas se sumarían a las cuatro actuales, que son las que investiga la Justicia al no haberse extinguido los delitos. Se trata de Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad. Precisamente, alrededor de estas cuatro giraría la auditoría que ha acotado la Consejería de Economía en colaboración con la de Fomento -antes, Obras Públicas-.

En realidad, son veinte años los que presuntamente Diez habría estado delinquiendo, con un parón que incluye el periodo en el que el PP estuvo al frente del Ejecutivo -entre finales de 2011 y 2015-. La Agencia Tributaria, en cambio, considera que el funcionario hizo una pausa mayor, de siete años, al menos en el cobro de mordidas. Se extendería de 2012 a 2019. Desde 2012 -que es lo que investiga la magistrada Compostizo-, Hacienda localizó una segunda empresa ficticia para blanquear dinero, por lo que considera que las mordidas regresaron en 2019 con la aparición de las citadas cuatro empresas.

En este 'impasse' entre 2012 y 2019, se produjo la estabilización de la masa patrimonial de la familia Diez-Del Río, y además coincide «con la ausencia de declaraciones de ingresos procedentes de empresas adjudicatarias de obras», reza el informe. Lo que cree Hacienda es que la familia se empleó a fondo en ese periodo para tratar de ocultar el dinero. Y algo más: para darlo una apariencia de legalidad. Intentaron «simular actividades empresariales ficticias», luego lo invertían en activos financieros e inmuebles -de las empresas ficticias al patrimonio familiar, y viceversa- y después la mujer del funcionario, Beatriz del Río, terminaba «el proceso de blanqueo» con donaciones a su marido y también a sus hijas Celia y Sofía.

Lo que no tiene claro Hacienda, aunque tampoco lo descarta, es que a partir de 2012 continuaran los pagos en metálico, pero no tiene dudas de que las mordidas a través de empresas ficticias volvieron a ponerse en marcha a en 2019, que fue cuando Díez ascendió a jefe de servicio de Carreteras Autonómicas. La auditoría del Gobierno arrancará precisamente desde ese instante.