Las autonomías presionan para acomodar a su gusto el nuevo modelo de financiación

El informe para la reforma del modelo de financiación autonómica elaborado por los expertos pasa este mes a examen de las comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, e inicia un periodo de presiones y negociaciones «difíciles» para llegar a un acuerdo político e intentar ajustar el sistema a las necesidades de cada autonomía.

Así lo expresaron a Efe algunos de los autores del informe que ha sido entregado al Comité Técnico Permanente de Evaluación, formado por representantes de las comunidades de régimen general, incluida Cataluña que, sin embargo, declinó participar en el documento de los expertos. Ahora, estos representantes de las comunidades deberán perfilar un acuerdo antes de su paso al pleno del Consejo de Política Fiscal y su remisión a las Cortes.

En declaraciones a Efe, el economista y uno de los veinte expertos designados por el Gobierno para revisar el modelo actual Ángel de la Fuente explica que este comité técnico tendrá que ir desbrozando el camino y dar «una vuelta al texto» antes de que llegue al Parlamento para su tramitación.

De la Fuente no descarta que el modelo se implemente en 2018 pero lo ve «bastante difícil» porque la negociación se prevé complicada y no es fácil que se alcance un acuerdo «a tiempo» para incluirlo en los presupuestos, que ya están en trámite.

Según el informe no vinculante de los expertos, las comunidades autónomas se dotan de más capacidad para fijar copagos, especialmente en sanidad, e instaurar un IVA colegiado, pero además proponen un gran acuerdo de Estado sobre cómo financiar el estado del bienestar.

Para De la Fuente, lo bueno del informe es que articula el esqueleto de lo que debería ser el sistema dejando abierto a la negociación las cuestiones que son de naturaleza política y no técnica.

Otro de los asuntos más importante es negociar el grado de nivelación, es decir, «hasta dónde se igualan los recursos de las comunidades con mayor y menor renta».

De la Fuente admite que en la actualidad hay intereses contrapuestos que hacen difícil el acuerdo y reconoce que algunas comunidades podrían preferir que se mantenga el sistema actual.

Se refiere, dice, a las comunidades que hoy están mejor financiadas «y tienen miedo a perder con los cambios», como es el caso de Cantabria junto a los de La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Galicia y Asturias.