La Autovía Aguilar-Burgos distancia a los partidos en el Gobierno

PSOE y PRC han votado hoy separados en el Pleno del Parlamento. Los partidos que sustentan el Gobierno bipartito suman una diferencia más a las evidenciadas en estos días -como el enfrentamiento entre Medio Ambiente e Industria-. Esta tarde ha sido una moción del PP para instar a Fomento a que reanude los trámites y fije plazos para la adjudicación de los tramos pendientes de ejecutar en la A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo. Los socialistas han votado en contra y el PRC a favor, como el resto de partidos con representación parlamentaria, salvo Podemos que se ha abstenido.

El grupo socialista cree que «lo que pide el PP es irrealizable en los plazos que propone», ha explicado el portavoz Victor Casal, quien sostiene que el Ministerio de Fomento ejecutará los tramos pendientes de la autovía A-73 entre Aguilar de Campoo y Burgos dentro de unos «plazos realistas», pero no en los términos que plantea el PP porque «cada tramo requiere de un proceso administrativo distinto al encontrarse en diferentes puntos de tramitación», según recoge EFE.

Los regionalistas, al igual que los diputados del grupo mixto, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, aunque han coincidido con los socialistas en que los populares no se mostraron muy reivindicativos con el Gobierno central mientras este «no movió nada» para la ejecución de esta infraestructura, han dado su apoyo a la moción del PP, al considerar que la autovía A-73 es «muy necesaria» para Cantabria. Según el regionalista Ángel Sáinz es necesario que las obras «se agilicen lo máximo posible»

La moción aprobada insta al Gobierno de Cantabria a defender la Autovía A-73 entre Burgos y Aguilar de Campoo como una «infraestructura estratégica» para el futuro de la comunidad autónoma y a solicitar ante el Ministerio de Fomento la reanudación de los trámites de esta obra.

Concretamente, se reclama que se licite, en un plazo de seis meses, la ejecución de la obra del tramo comprendido entre Aguilar de Campoo y Báscones de Valdivia; y a que se resuelva la tramitación administrativa de los tramos Pedrosa de Valdelucio-Santa Cruz del Tozo, Santa Cruz del Tozo-Montorio y Montorio-Quintanaortuño de manera que entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 puedan licitarse los trabajos.

Por otra parte, el diputado popular Francisco Rodríguez, informa EFE, ha interpelado al consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, por no haber aprobado el Plan de Vivienda en la presente legislatura contrariamente a lo que establece la ley. Rodríguez ha criticado a Mazón por presentar el pasado viernes el Plan de Vivienda 2018-2021 sin que haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno, únicamente porque el PP le iba a interpelar hoy por este asunto.

Según Rodríguez, el plan estaba colgado en la web de la Consejería para que se presentaran alegaciones al documento y «se ha quitado de la página» para darlo a conocer a través de la prensa.

Para el PP, el plan es una «tomadura de pelo» para los cántabros y «una mentira» porque habla de un presupuesto de 89 millones para cuatro años, con aportaciones para el próximo ejercicio que no vienen recogidas en el proyecto de presupuestos regionales de 2019.

Sin embargo, el consejero ha destacado que se trata de un «plan razonable», que contempla cantidades similares a las que se viene gastando cada año, que Mazón ha cifrado en torno a los 20 millones de euros.

Mazón ha acusado a Rodríguez de trata de «crear confusión» y ha explicado que si la presentación del nuevo Plan de Vivienda se ha retrasado hasta ahora ha sido porque el Gobierno central decidió prorrogar el plan 2013-2016, con lo que el Ejecutivo cántabro hizo otro tanto con los decretos que lo desarrolla para introducir algunas modificaciones.

Además, la diputada de Podemos Verónica Ordóñez ha afirmado que llevará ante la Fiscalía las subvenciones que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha concedido a la Federación Cántabra de Vela, tras constatar que las ayudas, que alcanzan los 60.000 euros, no fueron justificadas correctamente.

Así, ha recogido el guante que le ha arrojado el consejero de Francisco Fernández Mañanes que ha animado a Ordóñez a acudir a la Fiscalía si tiene constancia de que se están cometiendo irregularidades legales y contables por parte de algunos clubes y federaciones deportivas que «llegan incluso a poner en riesgo la vida o la salud de los deportistas».

Entre las irregularidades detectadas destacan facturas emitidas por la Federación Cántabra de Vela sin numerar, no recogidas en su contabilidad y sobre actividades no subvencionables que ascienden a los 55.459 euros, de los 60.000 entregados por el Gobierno de Cantabria.

Ordóñez sostiene que «no existe el más mínimo control« en relación con las subvenciones que se entregan a las federaciones deportivas porque las irregularidades detectadas en la federación cántabra de Vela también suceden en otras federaciones como la de boxeo y pese a ello, la Consejería »les sigue dando subvenciones».

Mañanes ha considerado que las manifestaciones realizadas por Ordóñez ante la Cámara son un «ejercicio de filibusterismo político», porque, además de estar basadas en acusaciones realizadas por un particular, no responden al contenido de la interpelación registrada en la que se preguntaba por el modo en el que se controlan el cumplimiento de las obligaciones y las bases de la concesión de subvenciones.