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Hace justo un mes, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, dijo que la tasa de 3.875 euros impuesta a los dos espeleólogos rescatados en Soba por su imprudencia -al no llamar al 112 para comunicar su entrada en una cueva- era «un aviso para ... el resto». Y no ha hecho falta esperar mucho para ver los primeros resultados de la atención mediática que provocó aquel operativo de búsqueda en junio. Este verano, el 112 ha recibido más del doble de llamadas de aviso de entrada a cuevas que el año pasado en las mismas fechas. En julio han pasado de 37 a 125; y en agosto de 90 a 164. En los ocho primeros meses del año, el servicio de emergencias ha descolgado el teléfono para atender a espeleólogos en 610 ocasiones, cuando en el mismo tiempo del año anterior lo hizo solo 361 veces.
La progresión es evidente desde que quedó claro en los medios de comunicación de toda España la obligación de avisar al 112 si se quiere entrar en una cueva en Cantabria. Y si no se hace, se corre el riesgo de pagar una tasa que, pese a todo, no cubre ni de lejos el coste real del rescate. En aquel caso de junio, por ejemplo, la operación duró casi dos días y participaron 125 profesionales de Cantabria, Asturias y Castilla y León. A la cantidad de tener dos helicópteros en esas labores de búsqueda -1.906 euros por despegue y otro tanto por cada hora de vuelo- habría que sumar el importe del espeleosocorro, es decir, 569 euros por las seis primeras horas y 200 por cada hora adicional. Teniendo en cuenta que el operativo duró 40 horas, estaríamos hablando de una factura de cinco cifras. Y la tasa que pagó el seguro de los rescatados fue 3.875 euros.
¿Tiene permiso para entrar en la cueva?
¿Número de personas que entran? ¿Tienen experiencia?
¿Lleva guía? ¿Su nombre?
¿Es cueva o travesía? ¿Cuál?
¿En el caso de travesía, por dónde entra y por dónde sale?
¿Hora de entrada y hora estimada de salida?
¿Número de teléfono de una persona que esté dentro de la cueva y de otra de fuera?
¿Ubicación de vehículos, matrícula y características?
Por eso, el Gobierno cántabro está dando los pasos para crear un régimen sancionador que castigue las imprudencias con multas reales, no con tasas simbólicas que apenas se cobran, de hecho solo se ha hecho dos veces desde que existen hace 23 años. Además, ya ha aprobado el primer Mapa de Riesgos de Cantabria, una herramienta clave para avanzar en la prevención.
A pesar de esta clara evolución de los datos de avisos en verano, justo tras el rescate en Soba, el Gobierno se muestra prudente en el informe que acompaña la estadística y no establece una «relación directa». «No cabe duda de que el incidente ha contribuido a difundir la obligatoriedad de llamar al 112 antes de adentrarse en el subsuelo, pero no es una afirmación que podamos respaldar con rotundidad», señalan.
Otras razones que pueden contribuir a este aumento de llamadas pueden ser el aumento de espeleólogos que eligen Cantabria «por el atractivo de sus cavidades», la mayor concienciación por su seguridad, la mayor profesionalización o el mejor conocimiento de la normativa vigente, según el documento al que ha tenido acceso El Diario Montañés.
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