«Si no hay ayudas, nos arruinamos»

Rafael Pérez es el presidente de la Asociación de Empresarios de Distribución de bebidas y alimentación de Cantabria (Adishoreca). Una agrupación que representa a 26 empresas del sector, que emplean a 563 personas y facturan 140 millones al año. «Creemos que tenemos un peso importante como para que se nos tenga en cuenta porque hasta ahora hemos sido los eternos olvidados y lo estamos pasando tanto o peor que otros», defienden.

La inactividad que registra la hostelería es negocio perdido para ellos, y desde que comenzó la pandemia han acumulado muchos meses malos. «Nosotros no abastecemos a los supermercados, que podría haber sido nuestra salvación, porque en las grandes superficies se han aumentado los beneficios. Nosotros estamos dedicados a la hostelería, restauración y a las pequeñas tiendas, y esos son los que lo están pasando realmente mal con las restricciones», defiende Pérez, que además es gerente de la firma de distribución Diprimar.

La caída de la facturación, según la asociación, alcanza en los casos más sangrantes hasta el 60%. «Así no podemos continuar porque son gastos inasumibles». Agradecen el desahogo que suponen los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), «pero es insuficiente para lo que estamos enfrentando». Sobre todo porque con la hostelería abierta a medio gas, muchos de ellos tienen que mantenerse operativos para trabajar muy por debajo de sus capacidades. «Lo mejor hubiera sido pararnos del todo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Parar y dejar de abastecer a los bares y restaurantes que están sirviendo en las terrazas? Nos vemos obligados a mantener todos los gastos corrientes, las facturas y el alquiler de los locales, para facturar cantidades irrisorias», denuncia Borja Peredo, gerente de Argumosa-Benorsa.

Las deudas de quienes no les han podido pagar -ni lo harán por la difícil situación- se suman al balance de números rojos para recrudecer aún más la situación. «Los que han cerrado o van a cerrar sus negocios y tienen una cuenta pendiente con nosotros no la van a saldar. Más que nada porque están arruinados y no pueden. Ese dinero es perdido para nosotros, que los hemos suministrado y no vamos a cobrarlo», aclaran los representantes de los distribuidores.

De ahí que esta misma semana, reunidos los 26 empresarios asociados en la agrupación, acordaran un escrito que se ha remitido a la Consejería de Industria. «Les expresamos nuestra situación actual, que es penosa, y les pedimos que nos escuchen porque esto es una llamada de socorro. Han decidido que no podemos trabajar por las restricciones de la pandemia y no vamos a entrar a discutir si son medidas justas o no. Lo que no pueden hacer es coartarnos la libertad para ejercer nuestro trabajo y por otro lado olvidarnos. Tienen que darnos ayudas, porque, si no, esto es insostenible», se suma Jesús Igareda, máximo responsable de Bodegas Igarmi.

Detallan en el texto una petición clara: «Solicitamos una ayuda del 2,5% al 3% de la pérdida de ingresos de 2020 para salvar la solvencia de nuestras empresas». Es, dicen, lo mínimo necesario para mantener la cabeza fuera del agua. «Hay que pensar que este tipo de empresas tienen multitud de gastos fijos que van mucho más allá de los empleados que tenemos en ERTE. Hablamos de las flotas de vehículos necesarias para la distribución, de las inversiones continuas que hay que hacer en toda la cadena de suministro, del pago del alquiler de las naves, la luz, el agua, el IBI, etc», reivindican.

A su juicio, el Gobierno -no sólo el regional, sino que sobre todo cargan las tintas sobre Moncloa-, no ha hecho las cosas bien. «Están allá arriba, en su realidad, y no saben exactamente cómo funciona la economía. Además, tenemos el problema de que desconfían mucho del empresario porque piensan que cualquier ayuda va a ser mal usada para nuestro provecho y no es así», aclara Pérez.

La normalidad regresará, y cuando lo haga, «será necesario que sigamos manteniendo nuestra estructura empresarial para reaccionar pronto a la recuperación que todos necesitamos». De lo contrario, avanzan que la destrucción de tejido productivo podría ser muy difícil de recomponer.