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El titular de la nota es amable. «El Gobierno de Cantabria reitera su apoyo a los ayuntamientos para dar un impulso a los Planes de ... Sostenibilidad Turística». Pero el contenido de un comunicado que envió esta semana el Ejecutivo revela una situación preocupante. «Al mes de febrero –dice el texto–, ninguno de los quince planes extraordinarios ha llegado a los objetivos de cumplimiento marcados por la Secretaría de Estado de Turismo (Setur)». Es más, se señala directamente casos como el de Suances o el de la Mancomunidad Saja-Nansa. Nadie está en plazo y más de uno empieza a dudar de que se pueda cumplir con la condición fijada: que todas las obras pensadas para dar un impulso al turismo en distintas localidades y que recibieron el visto bueno de Europa estén listas –y eso significa acabadas y pagadas– antes del 30 de junio de 2026. Obras, como por ejemplo el llamativo funicular de Suances para unir la parte alta del pueblo con la zona de playas. O la ruta cuaternaria por el Dobra, en Torrelavega. Lo que era una lluvia de millones (en concreto 47.100.000) puede convertirse en un problema si toca devolver la pasta. Turismo pide «un esfuerzo extra», aunque desde algunos consistorios exponen sus dificultades para sacar adelante la carga burocrática que conllevan estos proyectos y aseguran que la relación con la Consejería no es tan «fluida ni colaborativa».
Conviene situarse. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos europeos dotó a España de un programa extraordinario de sostenibilidad turística en destinos para los años 2021-2023. Tocaba presentar proyectos y quince en Cantabria fueron seleccionados. Santander, Noja, Saja-Nansa y San Vicente de la Barquera, en la convocatoria de 2021. En la de 2022 les tocó a Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Arnuero, Suances y Torrelavega, mientras que en la de 2023 se aprobaron los de Castro Urdiales, Medio Cudeyo, Santillana del Mar, Valderredible y la Mancomunidad Los Valles.
Santander | 4 millones: En los últimos meses se ha anunciado la modernización del Centro de Interpretación del Litoral, nuevos itinerarios ciclistas, la mejora de la subida al faro o un sistema de control de accesos de coches en la península de La Magdalena.
Noja | 3,5 millones: Recientemente se ha ejecutado la rehabilitación de la ermita de San Pedruco y ha salido a licitación el cubrimiento de un parque infantil. Se anunció la instalación de sensores para medir los flujos de turistas, la mejora de los entornos de las baterías de Suaces y El Brusco o la de la senda de Helgueras.
Mancomunidad Saja-Nansa | 3 millones: Nueve proyectos ya adjudicados y otros cuatro pendientes de su licitación. El resto está a la espera de recibir informes sectoriales o de otros trámites burocráticos.
San Vicente de la Barquera | 3 millones: Entre lo último que se ha publicado destaca el plan de mejora integral de los callejones de la Puebla Vieja por valor de 624.000 euros.
Torrelavega | 4 millones: Las noticias más recientes han sido en torno a un futuro monumento de homenaje a los coros, el circuito de bicicletas, la modernización de cuatro aparcamientos y la polémica en torno al proyecto de una ruta de animales cuaternarios en la sierra del Dobra.
Arnuero | 3,8 millones: Han aprobado el proyecto para interconectar todo el municipio con sendas peatonales y ciclistas, han licitado la ampliación y digitalización del espacio museográfico de la Casa de las Mareas y se anunció una senda mitológica en la cueva de La Ojáncana.
Comillas | 3,1 millones: La polémica por las discrepancias con Patrimonio por la reforma integral de la plaza de Fuente Real (clave en la remodelación del acceso al Capricho) han acaparado el protagonismo los últimos meses.
Ribamontán al Mar | 2,8 millones: Entre los proyectos anunciados figuran la mejora ambiental de las playas de Somo y Loredo, proyectos de recuperación de las dunas, la mejora del paseo marítimo y el embarcadero de Somo o un área de autocaravanas en Galizano.
Santoña | 3 millones: Lo más reciente es que han sacado a licitación la segunda fase de la rehabilitación de Chiloeches. Se anunciaron unas jornadas de sensibilización sobre sostenibilidad turística, la colocación de pasarelas enrollables en las playas o el servicio de bus lanzadera a Berria.
Suances | 3,4 millones: Su proyecto estrella es el del funicular para unir la zona alta de pueblo con el área de las playas (1,7 millones). También la renovación del alumbrado público.
Castro Urdiales | 3,5 millones: El equipo de Gobierno y la oposición han cruzado acusaciones por la denuncia de «oscurantismo». Se ha hablado de rehabilitación de patrimonio monumental o de un laboratorio de innovación gastronómica marinera, entre otros.
Medio Cudeyo | 3 millones: Lo más llamativo son los proyectos para el aprovechamiento sostenible de Peña Cabarga y el Pico Castillo. Se ha hablado de la rehabilitación de la Casa de los Maestros o la mejora de la iluminación en la Finca del Marqués de Valdecilla.
Santillana del Mar | 3 millones: Tras la polémica por la retención del dinero por parte del Gobierno al entender que «todo se hizo mal», en diciembre aprobaron los pliegos de las primeras obras | la ampliación y mejora de viales y la construcción de un área de descanso y de ocio para peregrinos.
Valderredible | 3 millones: Se ha hablado, entre otros proyectos, de un área de interpretación de los cañones del Ebro o del acondicionamiento del parque fluvial de La Presa.
Mancomunidad Los Valles | 1 millón: El plan tiene como objetivo diversificar la economía con el desarrollo turístico sostenible, de manera que la población local tenga más opciones de empleo y riqueza.
Una fecha, un nivel de cumplimiento exigido. A diciembre de 2024 debería estar hecho el 50% para los del año 2021, el 30% para los de 2022 y el 15% para los de 2023. Ninguno cumple, asegura el Gobierno. Por eso, el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, piede ese esfuerzo extra, «siendo ya consciente del gran esfuerzo que están realizando».
«Esta circunstancia –señala el Gobierno– ya fue trasladada a los ayuntamientos en la última reunión mantenida el pasado 25 de noviembre, en la que también se les informó de que no habrá prórroga». Son las reuniones de la Comisión Bilateral, con la Secretaría de Estado de Turismo y el Gobierno de Cantabria. En esa última, precisamente, varios ayuntamientos presentaron modificaciones para que sus planes pudieran salir adelante, para llegar al plazo. Fue el caso de Santoña, San Vicente de la Barquera y Santillana del Mar, que «reformularon total o casi totalmente el contenido inicial de sus planes». «En el caso de los Ayuntamientos de Torrelavega y Suances se rechazaron los cambios propuestos al no cumplir ni con los objetivos ni con los requisitos de plazos y autorizaciones», señala la nota, que apunta directamente a Suances, «el que más preocupa a la Comisión Bilateral porque a pesar de las reiteradas llamadas, tanto desde la Setur como desde el Gobierno de Cantabria, para cambiar de actuaciones, el ayuntamiento no ha presentado ninguna alternativa».
«Es completamente incierto», responde el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya (PSOE). Asegura que en ese encuentro sí hubo «comentarios» respecto a que serían «complicadas» las modificaciones que proponían, «pero lo que tiene valor definitivo es el acta», que no ha llegado hasta este jueves, afirma. Tres meses después de la reunión. «Hemos enviado correos, pero hasta el jueves no llegó el acta. Entiendo que la comunicación no es tan fluida ni colaborativa». Ojo, porque en Suances correría peligro el proyecto más llamativo de todos estos planes, el del funicular. «Seguimos trabajando y no tiramos la toalla. Tenemos los pliegos preparados para sacarlo, pero estábamos pendientes de ese acta –ellos pretendían aumentar la dotación para el funicular y otro proyecto eliminando otros de menor calado–». Y advierte: «Son trámites complicados, complejos... Confío en que haya una prórroga, porque, si no, la mitad de los proyectos de todos los planes se van a quedar sin hacer. Muchos ayuntamientos no llevan ni el 10%».
La nota del Gobierno también señalaba a la Mancomunidad del Saja-Nansa. Con un mensaje duro: «Además de la necesidad de cambiar algunas de las actuaciones presentadas, se han observado por parte de la comisión serios problemas de funcionamiento interno asociados al personal que gestiona los planes».
«No me lo esperaba», responde el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de Udías, Fernando Fernández (PP). Asegura que «la Mancomunidad ha hecho la labor que tenía que hacer» y que desde la reunión de agosto pasado se decidió que la responsabilidad de cada proyecto quedaba en manos de cada ayuntamiento. De hecho, explica, se les ha dado el código de acceso a la plataforma digital para que puedan licitar. «Mi ayuntamiento tiene la obra ya medio hecha. Y, como nosotros, diez u once lo tienen licitado o en licitación. Lo que falta es porque han hecho cambios y están pendientes del visto bueno de Turismo».
«Tenemos tiempo para llegar al cien por cien si trabajamos de la mano y remamos en la misma dirección haciendo caso a los técnicos, que son quienes más saben», destaca Martínez Abad. Desde el PRC, López Marcano muestra su extrañeza por el hecho de que la nota salga ahora, meses después de la última reunión. Algo –dice– tiene que provocar esta reacción. «Le he pedido al consejero en sede parlamentaria que ponga en marcha un programa que yo he denominado 'SAL': Simplificación administrativa, Aceleración y Liderazgo. Le advertí que la única manera de cumplir los plazos es asumiendo ese liderazgo en colaboración con los ayuntamientos, por los que siento respeto y comprensión». Es más, Marcano también se pregunta por qué el dedo apunta a estos quince planes y no al de Cohesión en Destino de La Engaña, dependiente, en este caso, del Gobierno autonómico. «Es ver la paja en el ojo ajeno...».
Pongamos el caso que un ayuntamiento ha recibido cuatro millones de euros y antes del 30 de junio de 2026 se ha gastado dos en obras ya terminadas. Hechas, recepcionadas y abonadas. ¿Cuánto dinero tienen que devolver por no cumplir el plazo? Dos o cuatro millones. «Pues es la pregunta del millón –nunca mejor dicho–», comenta un alcalde. Entiende que sólo lo que no llegue a tiempo (o sea, dos millones), pero no lo sabe con certeza. Y en el Gobierno regional, a preguntas de El Diario, tampoco: «Es una cuestión que aún no se ha comunicado desde el Estado, por lo que no se puede avanzar ninguna información en este sentido».
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