Las ayudas regionales para la limpieza de playas rurales llegarán a once municipios

Una ayuda económica del Gobierno de Cantabria a los ayuntamientos de cerca de 313.000 euros garantizará -o esa es la idea- que las playas rurales de Cantabria presenten un buen estado de conservación y limpieza durante este verano. El Ejecutivo regional publicó ayer a través del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución oficial de la convocatoria que beneficiará a once municipios. En concreto, los de Suances, Santillana del Mar, Valdáliga, Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, Val de San Vicente, Miengo, Liendo, San Vicente de la Barquera, Noja y Piélagos.

Son los mismos que ya participaron el pasado año en este mismo programa, aunque hay algunos cambios en el número de arenales en los que se realizarán las actuaciones. De los 25 de 2017 se pasará en esta ocasión a 26 al sumarse el de El Pedrero, en Val de San Vicente. En total, supone más de 23 kilómetros lineales de superficie.

Por lo demás, Ribamontán al Mar vuelve a ser el ayuntamiento que más playas ha incluido en este plan. Serán cinco -Arnillas, Langre Grande, Langre Pequeña, Somo y las zonas sur y norte de El Puntal-, que en conjunto suman unos ocho kilómetros de costa. Por eso es también el consistorio que se quedará con una porción más grande del pastel: 114.600 euros frente a los 69.522 de San Vicente de la Barquera o los 48.037 de Piélagos. El criterio para definir cada cuantía se establece en función de los metros lineales de playa y el número de intervenciones de limpieza que están previstas en cada una de ellas.

Entre los requisitos principales que se recogían en la convocatoria de ayudas se encuentra que la playa tenga carácter rural. Según el Plan de Protección del Litoral de 2004, tienen esta consideración aquellas que «están situadas en enclaves de elevada fragilidad paisajística, en un entorno poco transformado que mantiene un carácter rural y que, por lo general, tienen difícil acceso y un uso moderado».

Además, el Gobierno velará por que los procedimientos de limpieza «no afecten al equilibrio de sus ecosistemas, además de contribuir a la preservación del elevado potencial paisajístico». La orden de la convocatoria establece que las entidades menores beneficiarias podrán recurrir a sus propios medios, pero también a empresas privadas para llevar a cabo estas labores. Es decir, que «podrán subcontratar con terceros la ejecución total de la actividad».

Pero los ayuntamientos también se comprometen con una serie de obligaciones como realizar las intervenciones según los plazos que fija el Gobierno de Cantabria, justificar ante la Consejería la realización de los mismos e informar el Ejecutivo autonómico en caso de que estas mismas acciones reciban otra subvención complementaria.

En los casos de Suances, Santillana del Mar, Valdálliga, San Vicente de la Barquera y Piélagos, el Gobierno ha estimado totalmente las solicitudes presentadas por los municipios; por el contrario, la Consejería de Medio Ambiente ha rechazado parcialmente algunas de las propuestas de ayuda.

Este modelo de apoyo económico desde la Dirección General de Medio Ambiente a los pequeños municipios que quieran mantener en perfectas condiciones de limpieza sus arenales se puso en marcha el pasado verano. Hasta entonces, durante los tres años previos (entre 2013 y 2016), era la empresa pública MARE -dedicada a la gestión de residuos, el cuidado del medio ambiente y la energía- la que se encargaba de gestionar el servicio de manera directa en las 28 playas rurales que existen en la región. Desde las de Sonabia y San Julián (en Liendo) a Usgo y Los Caballos (en Miengo) pasando por puntos tan conocidos como Langre, Tagle, Covachos o Berellín, entre otros. También los arenales de Ribamontán al Mar, Santa Cruz de Bezana, Val de San Vicente, Noja, Valdáliga...

La fórmula administrativa cambió el año pasando. Desde ese momento, la administración regional decidió convocar ayudas púbicas para los treces municipios involucrados, en vez de encargarse directamente de la limpieza. Este año, la aportación del Gobierno de Cantabria reservó una partida de 320.000 euros -la misma que la campaña pasada- para este fin, aunque finalmente no se agotará al completo. Se entregarán a los municipios, en función de las solicitudes presentadas, 313.819 euros, una cantidad prácticamente idéntica a la de 2017.