Los ayuntamientos cántabros dejarán de ingresar 30 millones si desaparece la plusvalía

«Es evidente que los ayuntamientos no podemos seguir cobrándolo hasta que se clarifique el asunto, pero también que necesitamos esos ingresos», apunta Javier Incera, alcalde de Colindres, donde de media entran al año 550.000 euros por este concepto. Una cifra similar a la de Santoña. «Es el 5% del presupuesto de un año. O lo corrigen o van a llevar a los municipios a la ruina», insiste el regidor, el también socialista Sergio Abascal.

Un porcentaje similar al de Santander, que ronda el 6%. En números absolutos son 12,6 millones. Para Gema Igual, el fallo genera una «grave inseguridad jurídica», provocada por el Gobierno de Sánchez por no haber sido capaz de reformar la Ley de Haciendas Locales «que dejó tramitada el PP en el Senado». La consecuencia más inmediata, con independencia de que finalmente se encuentre la fórmula legal para volver a activar la plusvalía, es que los municipios tendrán que retrasar la aprobación de sus presupuestos para 2022 al desconocer cuáles serán sus ingresos a partir de ahora. «Nuevamente nos dejan abandonados, en el peor momento posible, y después del ninguneo del último año y medio, en el que no han sido capaces de ayudar a los ayuntamientos en los gastos extra ocasionados por la pandemia», lamenta la regidora popular.

Para muchos ayuntamientos, la plusvalía es el segundo impuesto por cuantía en sus ingresos. En Torrelavega, el concejal de Economía, Pedro Pérez Noriega, explica que está por detrás no sólo del IBI, también del de Actividades Económicas y el de Vehículos. En cualquier caso, supuso en 2019 cerca de 1,4 millones de euros y para este ejercicio se estimaba en dos millones. «Parece que está garantizado que el fallo no tendrá carácter retroactivo y no habrá que devolver lo ya cobrado, pero hay muchas dudas. Por ejemplo, qué hacer con los expedientes que están en tramitación», apunta.

Los 30,6 millones recaudados en 2019 no corresponden a los 102 ayuntamientos cántabros porque los municipios, al contrario de lo que ocurre con otros impuestos, tienen la potestad de eliminarlos. Hasta 37 localidades de la región, las más pequeñas, han renunciado a recaudarlo. Lo que no permite la ley es aplicar excepciones como estudió Reocín para casos de donaciones en las que no hay transacción económica. «Aquí hubo un caso de un padre que le cedió la finca a su hija y tenía que pagar 8.000 euros», recuerda el alcalde, Pablo Diestro (PRC), que también es presidente de la Federación de Municipios de Cantabria.

La entidad que agrupa a los ayuntamientos de la región resume el sentir de todos sus integrantes: el Gobierno de España tiene que dar una solución. O bien buscar la fórmula para que vuelva a funcionar la plusvalía o bien cubrir el vacío con aportaciones extraordinarias del Estado.

«Hace falta que se aborde de forma urgente e inmediata. Que haya un decreto que establezca, de una forma constitucional, cómo se tiene que recaudar. Y si no se puede recaudar, que se compense», defiende Diestro, que también, como Igual, recuerda que la sentencia llega en «un momento terrible», en medio de la redacción de las cuentas locales para el año que viene.

La FMC entiende que este fallo sería una buena oportunidad para afrontar por fin la reforma del sistema de financiación de las administraciones locales. Desde el Gobierno de Cantabria, también lo entiende así el responsable de la Agencia Tributaria regional y portavoz de política municipal de la Ejecutiva del PSOE, César Aja. «Ahora los ayuntamientos se van a ver mermados en sus ingresos y querrán una solución inmediata, pero habría que abordar su financiación en su conjunto porque están asumiendo unas competencias que no les corresponden», explica.

En ese escenario, vería con buenos ojos simplificar el sistema impositivo para que sea más sencillo para los ciudadanos e incluso no recuperar la plusvalía y compensarla con otros impuestos de tipo medioambiental.