Los ayuntamientos cántabros aún desconocen cómo aplicar el 'tasazo' de basuras

El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega se convirtió el pasado viernes en el escenario de una jornada clave organizada por la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), en colaboración con el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital). El evento reunió a más de cien representantes municipales y expertos para debatir sobre las implicaciones de la nueva tasa de residuos, derivada de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley, que busca promover la sostenibilidad, ha generado preocupación debido al aumento de los costos que los ayuntamientos deben trasladar a los ciudadanos.

El presidente de la FMC, Javier Camino, destacó el éxito de la convocatoria, con la participación de casi todos los municipios cántabros. Sin embargo, también expresó el malestar generalizado ante la medida, que calificó como una «brutalidad» del Gobierno de España. Camino subrayó que la nueva tasa obligará a los municipios a aumentar las tasas de residuos, lo que afectará directamente a los vecinos, quienes deberán asumir este incremento. «Nos imponen una subida de los costes y tenemos que encontrar la forma en que los vecinos lo asuman», afirmó Camino, visibilizando la presión a la que se enfrentan los municipios.

Aunque la ley establece un marco común, cada municipio tendrá flexibilidad para aplicar la tasa según sus necesidades. «Cada ayuntamiento podrá decidir cómo implementarla, pero buscamos consenso para seguir una dirección común», explicó Camino. No obstante, aún no se han tomado decisiones definitivas, y la jornada sirvió para seguir discutiendo las alternativas que se barajan.

Una de las propuestas discutidas fue vincular la tasa de residuos al consumo de agua, de modo que las viviendas que consumen más agua y, por tanto, generan más residuos, paguen una tarifa proporcional. Esta idea, que ya había adelantado Torrelavega, fue bien recibida, pero Camino indicó que aún se están evaluando otras opciones.

Además, la FMC encargará un estudio de costes a la Universidad de Cantabria, algo que ya hizo el Ayuntamiento de Santander hace meses. Junto al de Torrelavega son los únicos que parecen tener su decisión más adelantada, con medidas concretas que ahora el resto baraja también adoptar. Por el momento, se seguirá el estudio de la UC, que se entregará en tres meses, para ayudar a los municipios a tomar decisiones informadas sobre cómo aplicar la tasa. «Esto será fundamental para encontrar una solución consensuada», aseguró Camino.

El debate también abordó las diferencias entre municipios, especialmente los más pequeños, que enfrentan retos adicionales debido a la variabilidad de su población a lo largo del año. «En los municipios con fluctuaciones poblacionales, aplicar la tasa de manera justa es más complejo», explicó Camino, dejando claro que cada municipio tiene sus particularidades. «Por ejemplo, Noja pasa de 2.000 habitantes durante el año a 60.000 en verano, no van a pagar solo unos pocos la basura que se recoge en agosto».

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