Los ayuntamientos se lanzan a la carrera por bajar el IBI con las urnas a la vuelta de la esquina

Entre los municipios expectantes de la negociación de los Presupuestos hay algunos grandes, caso de Santander, El Astillero, Santoña, Laredo, Los Corrales de Buelna y Colindres; y otros pequeños, como San Miguel de Aguayo o Pesquera (ver despiece adjunto). Todos tienen luz verde para modificar esos coeficientes al alza o a la baja aunque, tratándose 2019 de año electoral, se da por supuesto que la gran mayoría ha pedido el permiso para modificarlos hacia abajo y que los ciudadanos consigan alguna rebaja en los recibos de las tasas locales.

No todos pueden hacerlo. Para que Hacienda permita un cambio de este tipo se tienen que dar dos requisitos. Por un lado, deben haber pasado al menos cinco años desde que el municipio puso al día su ponencia catastral. Esta ponencia es la valoración general que se hace de todos los inmuebles de un ayuntamiento analizando por barrios y zonas de forma global y se toma como un marco para luego establecer los valores catrastrales individuales, que tienen más que ver con las dimensiones de la propiedad, el tipo de calle en que se ubica y cuestiones como si la población es costera o si está en primera línea de mar.

Por otro, la Administración tributaria tiene que haber comprobado que los valores catastrales del municipio que lo pide están un 50% por encima o un 50% por debajo del precio de mercado de los inmuebles. Hacienda persigue ir ajustando la valoración de los inmuebles para que no existan diferencias muy sustanciales (por arriba o por abajo) entre los valores de mercado y los valores catastrales que estén vigentes. La medida afecta sólo a inmuebles urbanos y tiene que aplicarse en los términos exactos en que establece la Ley del Catastro Inmobiliario.

Siempre que se cumplan las dos condiciones citadas, los ayuntamientos pueden ajustar a su conveniencia los porcentajes que aplican a los parámetros que les vienen marcados y siempre con el visto bueno del Ministerio, al que los responsables municipales pueden demandar cuantas veces quieran, de forma consecutiva, la autorización.

De hecho, varios de los que ya la tienen este año son repetidores (Santander, El Astillero, Laredo o Santoña). En total, del listado aprobado en Madrid este año, repiten 16 ayuntamientos. Y en la cifra global de autorizados salen los 25. Con objetivos casi siempre similares, aunque hay matices. El alcalde de Valdáliga, Lorenzo González (PP), tiene claro que la modificación a la baja «se hará hasta el tope que permita la ley porque la idea es beneficiar lo más posible a los vecinos». El regidor de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PP), también está por la labor de reducir «todo lo que podamos por nuestra parte». «Hubo años en que el Estado subía por su lado y nosotros bajábamos todo lo posible por el nuestro». Arco se declara muy pendiente de lo que pase con el Presupuesto General en el Congreso de los Diputados «porque nosotros dependemos de ellos y ya el año pasado hubo retraso con esto», pero se muestra optimista porque hasta el mes de marzo tienen «margen de maniobra».

En Colindres, otro de los que está pendiente, «se hará el ajuste necesario para que la presión fiscal sobre los vecinos no aumente», pero tampoco disminuya, señaló Javier Incera (PSOE) quien no quiere subir la carga impositiva «y menos en el IBI», si bien reconoce que «el Ayuntamiento tampoco se puede permitir» una merma de ingresos si quiere dar servicios. Cada uno tiene que hacer sus cuentas. En Los Corrales de Buelna, por ejemplo, no hay intención de tocar los coeficientes y en Cieza tampoco. Cieza, de hecho, es uno de los ayuntamientos con los impuestos más bajos de Cantabria, informa Nacho Cavia. Para hacerse una idea, en toda España, este año han sido un total de 1.177 los municipios que solicitaron permiso para actualizar los coeficientes. De aprobarse los Presupuestos en tiempo y forma, la aplicación del cambio se haría desde el 1 de enero de 2019 y Hacienda ha calculado que, en conjunto en todo el territorio nacional, se puede conseguir una disminución media global del 2%, mientras que el incremento máximo nunca podrá superar el 5%.

Entre los que tienen intención -y posibilidad- de tocar los dos palos (valor catastral y tipo impositivo) están dos de los grandes ayuntamientos de la región. Santander y El Astillero. En la lista de los 25 y también en la que figuran los que han movido su margen.

En El Astillero la idea es tirar del coeficiente hacia abajo y ya han aprobado en estos últimos días el ajuste de su tipo. Maica Melgar (PRC) recordó recientemente que, aunque los valores catastrales «vienen impuestos», se ha aprovechado el margen de maniobra que se tiene legalmente para bajar ese tipo impositivo del 0,6009 al 0,5610, de forma que en el siguiente recibo del IBI todos los vecinos del municipio pagarán ya un 7% menos, un porcentaje que se tiene por el «máximo» posible en la actualidad sin perjudicar la «estabilidad presupuestaria» de las cuentas locales.

En la capital cántabra, «la intención es seguir bajando», tal como se comunicó al Ministerio. Es la tercera vez que la ciudad más grande de la región lo solicita desde 2015. Este fue el primer año en que pudo hacerlo al haber pasado ya un lustro desde su última ponencia, que data de 2010. Pero la concejala Ana González Pescador (PP) insiste en que esto «solo será posible si el Gobierno central consigue aprobar los Presupuestos. Si no los aprueba, la medida se queda en proyecto, sin ningún efecto». En todo caso, en la capital esta misma semana se anunció ya una amplia reforma fiscal pensada, entre otras cosas, para que el recibo del IBI 'adelgace' hasta un 6% (una media de 18,3 euros por vecino). En lo referente al tipo, se rebaja hasta el 0,445.

El mismo día anunciaron también sus intenciones en Torrelavega (con gobierno PRC-PSOE). Congelación de tasas y rebaja de la contribución. Allí el tipo impositivo pasará al 0,6659 con el objetivo de que el recibo que llegue a los torrelaveguenses sea un 4,5% más bajo que la última vez.

Es evidente que no es una cuestión de siglas. Los anuncios en las últimas semanas son de todos los colores. En Campoo de Enmedio (con mayoría absoluta del PP) tocando el tipo se ha anunciado una rebaja final en lo que pagarán los vecinos que rondará el 2%. Decisiones similares a las acordadas en los últimos días en los consistorios de Reocín o Polanco (ambos con alcaldes regionalistas asociados en el gobierno con los concejales socialistas). En Reocín el tipo impositivo pasará del 0,57 al 0,47. En Polanco, del 0,55 al 0,53.