Los ayuntamientos piden un marco legal que les permita cobrar plusvalías

Este impuesto municipal no es nuevo; los primeros intentos de gravar este aumento del valor de los terrenos data de principios del siglo pasado. Entonces se consideraba que el suelo se revalorizaba por los trabajos de reforma urbana y se pretendía que el particular devolviese a la colectividad, que los había costeado, una parte de ese beneficio. Ahora no busca tanta justificación, simplemente grava el incremento del valor que haya experimentado un terreno durante el tiempo que una persona ha sido propietaria de una vivienda, local o terreno, y los ayuntamientos lo giran cuando se transmite la propiedad en compraventas, herencias y donaciones. Para hacer el cálculo, cada ayuntamiento fija una revalorización teórica del bien partiendo del valor catastral y en función de los años transcurridos entre la compra y la venta, y sobre esta revalorización aplica un porcentaje, todo dentro de unos límites.

Mientras no hubo crisis no se discutió la revalorización automática de las propiedades, pero en cuanto alcanzó de lleno el mercado inmobiliario resultó cada vez más frecuente no solo que el valor no aumentase, sino que incluso disminuyese. Los ayuntamientos siguieron cobrando sin contemplar esta nueva situación y aplicando los mismos cálculos, así que los ciudadanos empezaron a reclamar.

Lo que se discutía en principio era por qué había que pagar un porcentaje por una ganancia que no había existido, pero al ahondar en la cuestión y llevarla hasta el Tribunal Constitucional, este dictó una sentencia, en mayo de este año, en la que, además de anular el impuesto cuando no existiese plusvalía, invalidaba el sistema de cálculo.

En base a esta decisión del Constitucional, el juez Juan Varea condenó al Ayuntamiento de Santander, el pasado mes de junio, a devolver las plusvalías cobradas indebidamente a un ciudadano. Aunque en el recurso se alegaba únicamente que no había existido incremento de valor en unos inmuebles transmitidos en herencia, el magistrado fue más allá, al interpretar que «ni los ayuntamientos por vía de gestión, ni el juez en el proceso, pueden decidir cuándo hay o no hay incremento, en qué consiste y cómo se acredita esta circunstancia», añadiendo que, mientras no se dicte una nueva ley, «la Administración no puede liquidar el tributo, sencillamente, porque carecerá de cobertura legal para ello».

Este pronunciamiento tan claro, el primero que invalidaba el cobro de las plusvalías en Cantabria, anticipa una cascada de recursos contra el impuesto, algo que no ha impedido que muchos ayuntamientos de la región sigan girándolo. La razón puede hallarse en que el gravamen supone una importante vía de financiación para los consistorios, que en 2016 recaudaron 22,1 millones de euros por este concepto (en toda España fueron 2.625 millones en 2015).

En el Ayuntamiento de Santander, la Corporación decidió paralizar los procedimientos de liquidación de plusvalía en los casos en que en las autoliquidaciones presentadas se declare una pérdida de valor del suelo urbano, o bien cuando los servicios técnicos municipales posean algún dato acreditativo de la no existencia de incremento de valor, «a la espera de que se legisle a nivel estatal y se establezca cuándo es o no aplicable el impuesto de forma concreta, pues es al Gobierno central a quien corresponde hacerlo», según explica la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador.

«El Ayuntamiento ha pedido al Tribunal Supremo que establezca cuál debe ser la interpretación en la aplicación del impuesto de la plusvalía ante la disparidad de pronunciamientos manifestada por distintos juzgados en cuanto a la vigencia de este impuesto. De esta manera, se trata de resolver la inseguridad jurídica que se plantea ante la existencia de sentencias contradictorias y la ausencia de una posición común en los órganos judiciales, lo que genera incertidumbre para las administraciones y para los propios ciudadanos, una disparidad que se produce no solo en los tribunales de Justicia de Cantabria sino del resto del país». Hasta el momento, el Ayuntamiento de Santander ha recibido 515 recursos.

En Torrelavega también se sigue recaudando este impuesto. «Estamos a la espera de que se produzca la necesaria reforma de la ley porque todavía no está clara la forma de proceder. Por tratarse de una ley, las actuaciones municipales están muy condicionadas y además las casuísticas que se presentan son diversas», señala el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega.

«A día de hoy tenemos 65 recursos presentados, de los cuales cincuenta han pagado el impuesto y quince están pendientes de resolución y no han pagado. No estamos resolviendo los recursos hasta no tener la nueva ley en vigor para evitar tomar decisiones que puedan ser contrarias a la nueva reglamentación. Una vez aprobada la nueva ley se resolverán los expedientes liquidando o abonando los intereses correspondientes así como los recargos si fuera el caso. En definitiva, seguimos a la expectativa para evitar perjudicar a los ciudadanos y resolveremos las reclamaciones cuando se apruebe la ley. Desde el Ayuntamiento lo que pedimos es celeridad y claridad en la determinación de lo que se considera ganancia y los elementos de prueba que se van a poder aportar».

Esa misma falta de claridad critica la concejala de Comunicación de Castro Urdiales, Elena García Lafuente. «Desde que surgieron las primeras dudas sobre la aplicación de la ley que rige las plusvalías, debido a una sentencia que declaraba inconstitucional liquidarlas en los casos en que no hubiera incremento de valor, los ayuntamientos vivimos en una situación de incertidumbre con respecto a este tema. Por un lado, la ley obliga a aplicar este impuesto tal y como en ella se especifica, y, por otro, los tribunales declaran que esta disposición legal no es válida en ciertos casos, pero su determinación queda en el aire porque no está clara ni reglada, dejando un vacío legal. En nuestro Ayuntamiento se siguieron liquidando plusvalías mientras en el caso concreto en cuestión no hubiera dudas respecto al incremento de valor, aunque paulatinamente desde junio se han ido produciendo más reclamaciones y por tanto hay cada vez más casos que quedan a la espera de dirimir la cuestión. No obstante, la ley sigue obligando al vendedor o heredero a declarar la transmisión».

García Lafuente subraya la importancia del cobro de las plusvalías para las cuentas municipales. «Llevamos meses en esta incertidumbre y las liquidaciones por plusvalías son una parte muy importante de los ingresos de un ayuntamiento. En nuestro caso suponen en torno a 1,3 millones de euros al año sobre un presupuesto municipal de unos 30 millones. En esta situación es complicado tener una previsión de ingresos de cara a un nuevo presupuesto, con lo que eso conlleva. Por otra parte, queremos poder aplicar la ley sin perjudicar a los ciudadanos y conforme a los principios de generalidad, justicia y equidad que debe regir el cobro de impuestos. Los vecinos tienen la obligación de declarar sus operaciones susceptibles de plusvalía y también el derecho a saber a qué atenerse». En Castro hay mil expedientes pendientes de resolver, entre los que se incluyen reclamaciones anteriores a la sentencia del Constitucional y casos en los que no se ha producido merma de valor.

Salomón Martín, responsable de Hacienda en El Astillero, dice que su Ayuntamiento, por consejo de los técnicos municipales, «ha suspendido los procedimientos recaudatorios relativos al tema en los casos que estén sujetos a polémica», dejando en suspenso los recursos. «Cuando se planteó la cuestión teníamos once actuaciones de solicitudes pendientes de devolución».

En Camargo prefieren no entrar en detalles sobre las plusvalías. «Estamos cumpliendo con la legalidad vigente y se están liquidando conforme a la legalidad vigente. Algunos recursos recibidos se han estimado en base a ella y otros se han desestimado». En Piélagos también interpretan las sentencias a su modo. «El Tribunal Constitucional ha validado el sistema de cálculo del impuesto y por referencia otros similares como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, por lo tanto sí se puede cobrar el impuesto y lo que todo el mundo tiene derecho es a aportar una valoración de la plusvalía real que antes no se podía. En realidad el sentido y alcance de la sentencia es permitir demostrar que no ha habido incremento de valor».

Pero, ¿existe realmente base legal para seguir cobrando el impuesto? En otra reciente decisión judicial, el magistrado Luis Acayro Sánchez obligaba al Ayuntamiento de Castro a reintegrar a un vecino la plusvalía abonada. Dice el juez en la sentencia: «Mientras no se dicte una nueva ley, la Administración no puede liquidar el impuesto en cuestión porque carece de cobertura legal para ello, ni los jueces podemos suplir la carencia sin necesidad de mayores valoraciones ante la claridad de la nueva situación». Fuera del juzgado, es más parco en sus explicaciones. «Si el Tribunal Constitucional ha expulsado del ordenamiento jurídico los artículos de cálculo del impuesto, hay que ser prudentes... y respetar las sentencias del Tribunal Constitucional».

Javier Fernández-Regatillo fue el abogado que consiguió que el Ayuntamiento de Santander devolviera la plusvalía a su cliente en aquella primera sentencia en la región que anulaba el cobro del impuesto. «A mí me parece que, de acuerdo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se han declarado nulos los preceptos de la ley y eso hace inviable liquidar las plusvalías». ¿Su consejo? «La gente tiene que ir a un abogado al que tenga confianza y consultar. Pasa con esto y con más asuntos, ahora están de moda los hipotecarios, como en su día lo estuvieron las preferentes: la gente se fía de lo que ve en la prensa o en la televisión, y son dogmas generales que no son de aplicación al caso concreto. Cada plusvalía requiere un estudio pormenorizado».