Los ayuntamientos reclaman poder gastar los 452 millones de sus remanentes

El tema hay que explicarlo bien, aunque desde los ayuntamientos llevan años insistiendo en ello. La Ley de Estabilidad, para evitar que el déficit se dispare, prohibe a los consistorios gastarse el superávit que acumulen salvo en reducir deuda o en cuestiones muy concretas. «Pero el 90% de los ayuntamientos no tenemos deuda», apunta Javier Camino (PP), presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), algo que confirma su predecesor en el cargo, Pablo Diestro (PRC). Las urgencias derivadas de la crisis por la pandemia y, después, de la guerra de Ucrania hicieron que Hacienda aflojara. Y así ha sido hasta este 2023. La cifra de los 452 millones a finales de 2022 sale del cálculo de lo acumulado a nivel nacional repartido en la parte que le toca a Cantabria según su población. Es estimada, pero a todos les encaja. Valga el ejemplo de Polanco. A finales de 2019 tenía 4.743.546 euros y en 2020 llegó a algo más de cinco millones y medio. A finales de 2022, la cifra era de 3.148.182 euros.

Lo que pide el PRC es que el Parlamento -que ya se pronunció a favor de esta medida en marzo de 2020 y febrero de 2021- inste al Gobierno central a que «impulse las disposiciones legales necesarias con el fin de prorrogar a 2024 la autorización para que las entidades locales puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes». Lo explica la diputada Paula Fernández, impulsora de la petición. Por varios motivos. Porque el «el uso de ese dinero ha significado un empuje a la actividad económica» en estos años, porque las circunstancias complicadas se van a mantener en 2024 y porque «los problemas de tramitación administrativa, en especial en los ayuntamientos más pequeños, hacen que sea imposible gestionar y ejecutar los proyectos para utilizar ese superávit antes de que acabe el plazo». Y a eso hay que añadir que el gasto corriente en los consistorios se ve afectado, como en cualquier hogar, por la inflación y las subidas de precios generalizadas. Poco margen. De hecho, Fernández tiene previsto un «enfoque positivo» en la tribuna del hemiciclo. Repasar obras e inversiones que se han hecho en los municipios, de distintos colores políticos, y que «han llegado al vecino».

La regionalista demandaba el apoyo de la Federación de Municipios. Lo va a tener. «Lo veo bien. Que nos dejen gastar lo nuestro, lo que tenemos por una buena gestión, y que no nos lo lleven. Y más cuando ves que la deuda del Gobierno de España es de miles de millones de euros y nadie dice nada», apunta Camino (que es, además, alcalde de Mazcuerras). También dice que el día que tomó posesión de su cargo en la FMC, la presidenta Buruaga ya apostó por esto. En el PP y en el Gobierno también insisten en esa idea. Más allá de ese matiz, la conclusión es que van a apoyar la iniciativa. El Grupo Popular confirma que votará a favor y, desde el Ejecutivo, la consejera Isabel Urrutia adelanta que el Gobierno cántabro «apoya esta iniciativa y solicitará al Ministerio de Hacienda de manera firme y decidida que los ayuntamientos puedan ejecutar gastos e inversiones con cargo a sus remanentes durante el próximo año». Su uso, añade la consejera de Presidencia, «ha significado un importante impulso a la actividad económica, generando empleo y riqueza, con un claro beneficio para los cántabros». E insiste en que «María José Sáenz de Buruaga tiene un firme compromiso con el municipalismo», «uno de los pilares de nuestra acción de gobierno».

«Desde la Federación y desde los ayuntamientos llevamos años peleando con este asunto. Es surrealista que un dinero ahorrado que tienes en el banco por una buena gestión no se pueda dedicar a obras y servicios para el ciudadano. Que no se nos permita hacer uso de ello cuando vemos que otras administraciones no hacen otra cosa que endeudarse... Alguna vez he dicho que lo único bueno que dejó el covid es que permitieran usar ese dinero. Ha sido un revulsivo para levantar la economía del país. Visto que estos tres años han sido tan positivos es lógico que, con un control, se pueda seguir haciendo esto», resume Pablo Diestro (PRC), expresidente de la Federación y alcalde de Reocín. Allí, a finales de 2022, su ayuntamiento contaba con un remanente de casi cuatro millones y medio. El discurso es prácticamente calcado al del actual presidente del colectivo y alcalde de Mazcuerras, Javier Camino (PP).

José Luis Cobo (PP), en Villafufre, también va en esa línea, pero añade un par de apuntes interesantes respecto a los ayuntamientos pequeños. Que de aquí a final de año está acelerando para llegar a tiempo a cerrar las gestiones que le permitan usar parte de lo que queda en obras. «Intentaremos usar todo lo que podamos. Tenemos liquidez y no tenemos deuda. Entiendo que un ayuntamiento que no tenga liquidez y acumule deudas no pueda. Pero el resto...». Dice eso y también que las inversiones de obras pequeñas que hay que hacer dan trabajo a las empresas del entorno y que, en el caso de proyectos más grandes, poder pagar la parte que les toca cuando cofinancian una tarea con el Gobierno de Cantabria les permite «atraer» ese dinero del Ejecutivo. Euros que, de otro modo, no llegarían al municipio.

«Por supuesto que estoy a favor. Ha sido bueno que se haya podido gastar ese dinero en estos años. Todos los ayuntamientos van a pedir que se prorrogue independientemente de su color político y no creo que haya ningún problema en que se aplique», opina Secundino Caso (PSOE), alcalde de Peñarrubia.

«Todas las inversiones en estos últimos años, ya sea las que hacemos solos o cofinanciadas con el Gobierno de Cantabria, se han hecho a través de estos remanentes, sin tener que recurrir a endeudarse», insiste Rosa Díaz (PRC) desde Polanco. «Son las inversiones y el hecho de completar partidas de gastos inaplazables que, ahora mismo, con el estado de ingresos y el aumento de los gastos, no podríamos cubrir al 100%. Llevamos diez años con las tasas congeladas y en 2019 bajamos el IBI. Si sigue esta situación y sin poder usar esos remanentes, tendríamos que recurrir a subirlo, como ya están haciendo otros ayuntamientos», analiza.

¿Cuál es la hoja de ruta, teniendo en cuenta que la competencia para decidir una prórroga está en Madrid? Lo explicó la diputada Paula Fernández el día que anunció que iban a presentar la propuesta. «Para mantener esta situación, ahora es preciso un nuevo acuerdo del Congreso de los Diputados, a petición del Gobierno, con el visto bueno de la Comisión Europea».