44 balas

Chile hace justicia con las víctimas de Pinochet mientras España protegió al dictador cuando el Gobierno Aznar impidió extraditarle para que Garzón le juzgase. Alegaron «razones humanitarias». Con qué ligereza los verdugos y quienes les defienden invocan para sí la humanidad que niegan a sus víctimas.

Chile juzga su dictadura y nosotros protegemos la nuestra. Con inconcebible impunidad una fundación reivindica su legado y revalidamos el ducado de Franco, el insólito honor concedido a sus descendientes. Con provocador cinismo nuestros gobiernos defendieron las medallas del torturador Bili el niño. Todo esto ha ocurrido en los 40 años de democracia que desde ayer conmemora una exposición en La Magdalena.

Las víctimas de la dictadura no tienen, como otras, derecho a la justicia. La amnistía garantizó impunidad a sus torturadores y asesinos. Pero condecorarlos excede aquel perdón conciliador y se convierte en exaltación de sus abominables méritos. Hasta en eso salieron perjudicadas otra vez las víctimas que duermen en las cunetas del olvido. Los guerrilleros que regresaron del exilio «y seguimos catalogados como bandidos y delincuentes», denunciaba Jesús de Cos.

Víctor Jara ya tiene justicia. Lorca es un poeta sin tumba y Miguel Hernández fue condenado por segunda vez hace siete años, cuando la justicia española se negó a revocar su sentencia.

La amnistía renunció a la justicia, pero las víctimas no pueden renunciar a su memoria. Los verdugos piden olvido y también, contradictoriamente, mantener los símbolos que nos lo recuerdan. Una cosa es la historia y otra la propaganda que la empaña. 'Y Dios dirá, que está siempre callado', rezó Miguel Hernández.