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Por exposición pública o la relevancia de su trabajo, hay direcciones generales del Gobierno de Cantabria que destacan sobre la media. La de Turismo, la de Cultura, la de Medio Ambiente... Esta legislatura, una de la que más despunta es la de Urbanismo. La que ... se ha encargado ya de poner en marcha la reforma de la Ley del Suelo, la que pretende reducir los tiempos de espera de los expedientes y la que ahora debe sacar adelante el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT). El consejero Media ha encargado esta tarea a Víctor Gil (Santander, 1959), que reúne en una persona experiencia política como concejal del área durante doce años en Santander, académica como profesor universitario, y profesional desde las diferentes consultoras que ha dirigido.
–La modificación de la Ley del Suelo que facilitará la construcción de viviendas en rústico cumple ahora un mes. ¿Se notan ya sus efectos en un aumento de las solicitudes?
–A nivel de números no se ha detectado ningún cambio de tendencia, pero es verdad que con ese cambio hemos cumplido el compromiso electoral de volver a los criterios de 2012 sobre la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico. Donde sí hay cambios es en la actividad de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Aquí claramente sí se ha invertido la ratio de resolución: veníamos de un momento en el que, por cada 100 expedientes que entraban, se analizaban y se daba respuesta a 60. De ahí el tapón que existía. Ahora, por cada 100 expedientes que entran, se resuelven 140. Hay algunos que se siguen demorando porque son complejos o porque el propietario no ha presentado toda la documentación, pero el cambio es evidente y estamos contentos.
–¿Se marcan un objetivo anual de construcción de viviendas unifamiliares? ¿Han hecho proyecciones?
–No esperamos grandes cambios. No habrá un aluvión de peticiones, sinceramente. Para construir vivienda nueva o cambios de uso –o peticiones similares– llegan de media unos mil expedientes al año para analizar y creemos que se va a mantener.
–Hay ciudadanos que no entienden por qué no se aplica la lógica semántica y se limita la urbanización a terrenos urbanizables, nunca a los rústicos.
–Es que se está interpretando que se puede construir en cualquier suelo rústico y no es así. Hay un suelo rústico de especial protección en el cual no se puede hacer nada. Y realmente ese es el suelo que nos interesa conservar. En el que vamos a dejar construir es en el que está en el entorno del suelo urbano y no tiene valores intrínsecos. No es una barra libre para construir en rústico, solo dejamos en el que no es urbanizable por muy poco, por metros. Ese matiz es importante. Y luego hay otra cuestión: hemos pasado de un modelo en el que se prohibía a dar libertad a los ayuntamientos para que utilicen esta herramienta o no. El municipio que no quiera, puede hacer una ordenanza para prohibirlo. Eso lo permite nuestro marco general, que atiende a la mayoría de ayuntamientos que hasta ahora tenían problemas para crecer.
–La mayoría de autonomías no contempla bajo ninguna circunstancia construir en rústico. ¿Por qué Cantabria es una excepción?
–Dijimos que lo haríamos en campaña electoral. No hemos hecho nada que no hubiéramos prometido. ¿Es una excepción? Habría que analizarlo… A mí es que no me parece excepcional que crezca un núcleo. Me parecería mal que proliferen viviendas en un monte a un kilómetro de un pueblo, pero eso no se permite.
–¿No se desprotege el territorio? ¿No se hace pensando en segundas residencias?
–Ni muchísimo menos. En la mayoría de ocasiones es para personas del pueblo. Para el hijo que quiere hacerse una casa en la finca del pueblo para quedarse allí. Por eso decimos que protegemos que no haya despoblamiento.
–Ya hay un municipio, Castro Urdiales, que ha dicho que no hará uso de la ley. Con el marco legal que acaban de aprobar propician que un vecino de Castro no pueda construir en rústico y uno de Guriezo, sí.
–La opción que daba la ley anterior es que no lo hiciera ninguno. Nosotros damos libertad. En los últimos siete años, la Crotu ha autorizado en Castro solo tres viviendas unifamiliares en rústico. Esa es la dimensión del problema.
–El PP dice defender la igualdad entre españoles y critica a Sánchez por romperla, pero propicia con esta ley que haya cántabros que puedan construir en suelo rústico y otros que no.
–El PP en Castro se ha opuesto a la decisión de la alcaldesa utilizando justamente ese argumento. Cada partido y cada ayuntamiento tiene que ser responsable con las medidas que propone y aprueba.
–Con independencia de los efectos sobre el medio ambiente, ¿qué consecuencias tendrá la ley sobre los precios de los terrenos? ¿Bajarán al haber más suelo construible o subirán por el repunte de demanda?
–No estamos hablando del mercado de viviendas de una ciudad, que se hace casi siempre con promociones, sino de unifamiliar. ¿Cómo afectará al mercado? Las viviendas unifamiliares no las hacen las grandes empresas constructoras, sino empresas locales que generan actividad económica local. Albañiles, arquitectos, electricistas… No va a afectar a la oferta o la demanda porque nadie hace una vivienda unifamiliar para venderla, sino para utilizarla. Con la vivienda unifamiliar no se lucra nadie.
–¿Qué incentivos tiene un municipio para ordenar su crecimiento con un PGOU si puede crecer con parches como los planes parciales o la vivienda unifamiliar?
–No es así... Un Plan General puede tardar dos legislaturas en aprobarse y, mientras tanto, los ayuntamientos tienen que disponer de herramientas. No les podemos decir que no hagan nada hasta que consigan aprobarlo. Y luego, además, a lo mejor hay un ayuntamiento que decide que no quiere hacer su plan general y también está en su derecho.
–¿Cuántos PGOU esperan sacar adelante esta legislatura?
–No soy de marcar números. Los que puedan, saldrán adelante. Sí vamos a incentivar que se aprueben. Habrá ayuntamientos a los que no les valgan las viviendas unifamiliares para crecer y eso les va a motivar a sacar adelante el Plan General, porque sin él el crecimiento estaría muy encorsetado. Pero lo que no queremos es que se les vayan los vecinos porque no se pueden hacer una casa. No queremos obligar, sino motivar y decirles que vamos a dar la mayor celeridad posible.
–Prioritarios, imagino, los PGOU de municipios donde se pueden salvar viviendas con sentencia de derribo.
–Bueno, prioridad tampoco. Es verdad que ese tema es muy importante, pero no vamos a parar uno para priorizar otro porque se puede ir perfectamente en paralelo con varios.
–Una vez aprobada la Ley del Suelo, entiendo que el asunto que más tiempo le quite sea el PROT.
–Es una ocupación de legislatura. Es un compromiso de legislatura y vamos a tratar de cumplirlo, obviamente.
–El consejero Media afirmó que en 2024 llegaría al Parlamento.
–¿Dijo eso? (ríe). A mí no me gusta dar plazos, pero estamos trabajando. En los próximos días tengo que comparecer en el Parlamento por este asunto. Les trasladaré a los diputados cómo va el proceso y por cortesía prefiero no adelantar mucho. Pero lo que está claro es que el PROT es una cuestión compleja. Ha habido dos intentos de sacarlo adelante y se ha quedado en el cajón.
–Sin profundizar demasiado. Los trabajos previos son de hace dos legislaturas y los elaboró una consejera socialista. ¿Vale como punto de partida?
–Vamos a utilizar todo lo que podamos. Sobre todo, porque no se pueden dilapidar recursos públicos. Se ha gastado ya mucho dinero.
–La escalada de precios de la vivienda en Santander tiene muchos motivos, pero según los promotores uno es que no hay suelo disponible.
–Santander tuvo la mala suerte de que se anulara el último PGOU por una cuestión completamente ajena al municipio. Se quedó sin PGOU y lo vamos a abordar también con ellos. Estoy seguro de que el Ayuntamiento va a detectar cuáles son las necesidades y pondrá soluciones en el plan. Es verdad que ahora, con el PGOU de 1997 en vigor, no hay suelo que desarrollar, pero mientras tanto con el Plan Parcial del Sector 1 se palía en parte ese problema. Y alguna zona más que queda no urbanizable se puede tocar.
–Se propusieron reducir la demora de resolución en la Crotu y lo han conseguido. ¿Cuál era el problema?
–Creo que hemos acertado creando la Comisión Permanente para los temas menores. Ahora hacemos dos Crotu al mes, no una como antes. Seguimos teniendo la gente y hay muy buenos funcionarios.
–Si están los mismos funcionarios y ahora los expedientes salen antes, ¿eso implica que hay menos control?
–No, para nada. El trabajo está bien distribuido. No sé qué pasaría antes, pero no quiero hablar mal de la etapa anterior. Nadie hace las cosas mal a propósito, imagino. Hemos cambiado el sistema y por ahora los datos nos están dando la razón.
–Había expedientes que tardaban dos años en resolverse y ahora algunos están resueltos en tres meses…
–Eso es importante. Responder rápido para bien o para mal. Si alguien no puede no puede hacerse la casa hay que decírselo cuanto antes.
–La Crotu analiza aspectos técnicos para autorizar o no un expediente, pero tienen mayoría los políticos y no los técnicos...
–Cuando los expedientes van a la Crotu llevan un filtro de todos los técnicos de todas las partes consultadas. Y luego a los propios técnicos de la Crotu se les pide opinión. No hay nada que aprobemos que no vaya con informes técnicos favorables.
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