La batalla política de las responsabilidades

Revilla ya denunció hace días que la Confederación «no hace nada y no permite hacer nada». Ayer, en una entrevista en la Cadena Cope fue más lejos. Dijo que los problemas en los cauces de los ríos se pueden prever «sin duda». Llegó incluso a decir que «si están lejos» para solucionar el tema, «que nos transfieran la competencia del mantenimiento de los ríos con la dotación económica que se supone que habrá para ello». «Porque quien mejor conoce cómo está el río es quien está al lado», terminó antes de dejar claro que, además, su crítica a este organismo era unánime.

«El nuevo equipo directivo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico –están al frente desde agosto– muestra su absoluta colaboración y su disposición a hablar con gobiernos y ayuntamientos para acometer los trabajos que sean necesarios», manifestaron a este periódico fuentes del organismo, que no quisieron «entrar en polémicas». Fue, sin responder, una respuesta. Porque lo siguiente fueron datos. «La Confederación, en los tres últimos años, autorizó 31 limpiezas a ayuntamientos y juntas vecinales. No se denegó ninguna petición y sólo tres se archivaron por falta de documentación». Desde el organismo indicaron que las «condiciones que se imponen para la limpieza de los ríos son las que establece la Dirección General del Medio Natural de Cantabria». O sea, el Gobierno de Cantabria. Y más. Que en esos tres años sólo se han abierto dos expedientes «por limpieza sin autorización». Uno –según su relato– a un particular y otro, a una Junta Vecinal. «Y ambos por denuncias del Seprona». Por último, indicaron que contaban con ocho peticiones en trámite, «de las que cuatro ya están ejecutadas» y el resto está incluido en un plan de actuación que se puso en marcha el pasado diciembre (y que se dotó con 320.000 euros).

A eso le siguió una cascada de comunicados. El primero, el del alcalde de Cabuérniga. Denunciaba la situación en el Saja, el riesgo de desbordamiento y acusaba a Confederación y a Delegación de Gobierno de «mirar para otro lado». En concreto, Gabriel Gómez decía que al llamar al organismo fue atendido por «un vigilante» y que, ante la falta de soluciones, recurrió al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga. Más allá de que le fue «muy difícil» contactar, «no ha servido para nada», porque «no ha aportado ninguna solución». Por eso, se declaró «absolutamente impotente».

Los socialistas, de entrada, negaron la mayor en otro comunicado. «El alcalde se dedica a tirar balones fuera cuando ni él mismo ni el PRC hacen nada por el bienestar de Cabuérniga». Y, por si faltaba algo, la Confederación también mandó una nota de respuesta a última hora. En ella, aseguraban no haber puesto «en ningún momento inconvenientes a las solicitudes de actuaciones solicitadas por los ayuntamientos» y detallaban que Cabuérniga realizó dos solicitudes. Una fue atendida en diciembre (canal de Caborzal) y la otra, presentada el 7 de enero, «se encuentra pendiente de informe de la Comunidad Autónoma». «El alcalde –dicen– ha dispuesto en todo momento de comunicación directa, cuando así lo ha deseado, con el personal responsable de la CHC, contando con sus teléfonos personales directos. Al contrario de lo señalado en sus manifestaciones, no consta que a lo largo de esta semana se haya dirigido a dichos teléfonos para manifestar alguna de las incidencias que ahora relata».