La batalla sanitaria de las lecciones

De entrada, han depurado la base de datos, para distinguir las primeras citas de las revisiones (estaban mezcladas) y mantener el control de los pacientes derivados para operar en otros centros o que rechazaban esa opción. En esa 'limpieza' aparecieron más de 1.700 nombres de fallecidos, asunto que llegó a la Fiscalía de la mano del Defensor del Paciente. Pero más allá del reto marcado y de las posibilidades de cumplirlo, al poco del cambio de Gobierno, el PP alivió las tensiones que habían llevado a los médicos a suspender las peonadas, y con ellas, las cirugías por las tardes. Un conflicto avivado por el consejero socialista de Sanidad, Raúl Pesquera, ahora principal acicate (con permiso de Pablo Zuloaga, que tampoco pierde la ocasión) de su sucesor, César Pascual, quien logró el acuerdo accediendo a subir las tarifas por ese trabajo extra.

Aquel plante, prolongado durante ocho meses, fue una de las razones que aún complicó más las listas de espera. Aunque hubo otro factor añadido: las derivaciones a la sanidad concertada estaban paralizadas por el fallo garrafal en los pliegos de una licitación que apuntaba al envío de los pacientes fuera de Cantabria para ser intervenidos. Identificado el error, en febrero de 2023, hubo que repetir todo el proceso, que justo culminó la semana pasada, con el Hospital Santa Clotilde como principal aliado de la sanidad pública.

Y no era el único 'recado' que pasaba a manos del PP desde el gabinete Pesquera. También estaba el del transporte sanitario, otro de los asuntos con los que el PSOE está haciendo leña opositora, denunciando incumplimientos y exigiendo sanciones por los retrasos en la nueva flota del 061 y la falta de conductores con el carné C que se necesita para las ambulancias renovadas.Aunque suya fue la decisión de dividir el contrato (y la plantilla) en dos, después de no poder sacar adelante su idea de internalizarlo.

Ese cambio, introducido por primera vez en el SCS, llevó a dos procesos paralelos con un final enredado. Porque en verano se adjudicó a Autransa (antes Ambuibérica) el transporte urgente pero quedó desierto el programado, una situación que acabó con amenaza de huelga. Pascual atajó el fuego, al mediar con la empresa para equiparar a los trabajadores de ambos servicios hasta que se resolviera el contrato pendiente, adjudicado a mediados de abril en el segundo intento y por la vía del procedimiento negociado a la empresa valenciana Diavida –frente al grupo SSG-Digamar–, con una bajada de precio «en un presupuesto ya de por sí ajustado», según el sector, que cuestiona su rentabilidad. Si ese resultado es otra fuente de problemas en cadena, no tardará en descubrirse.

Pero aún hay otro contrato en el aire que puede que le esté quitando el sueño al consejero popular. El de la obra del búnker de los protones de Valdecilla (hay siete grupos empresariales interesados), que también quedó desierto en la etapa socialista (entonces con Miguel Rodríguez al frente), cuando el plan era aunar en un mismo proyecto la construcción y la maquinaria. Una opción que rechazaron todas las posibles licitadoras y que obligó a rediseñar el pliego, perdiendo tiempo y posiciones en la carrera por ser el primer hospital público de España en disponer de esta efectiva y costosa terapia contra el cáncer. Mientras se espera a esa tecnología, lo que sí ha podido estrenar la nueva Consejería son los equipos que completaban la renovación incluida en el plan Inveat del Ministerio de Sanidad, que trajo a Cantabria una inyección de 17,2 millones de fondos europeos.

Además de las promesas por cumplir, porque nada se sabe del pacto por la Sanidad, cierto es que César Pascual (PP), recientemente reprobado en el Parlamento de Cantabria, se lo ha puesto en bandeja a la oposición, por esa costumbre suya de decir lo que piensa. Primero reconociendo que siempre habrá listas de espera –salvo que quien se lo pueda permitir opte por la vía privada– y que su objetivo es rebajarlas a cifras «asumibles». Y después, al admitir las dificultades para cubrir las plazas en los consultorios rurales, «porque no podemos ofrecer desarrollo profesional a un médico que esté solo en un pueblo. El modelo tiene que evolucionar al trabajo en equipo». Una frase que desató la tormenta política.Ahí también el PRC defiende con uñas y dientes la cobertura sanitaria del mundo rural.

Pero el problemática de fondo viene de lejos. Cada vez faltan más médicos de familia y no hay relevo para todas las jubilaciones a la vista. Motivo por el que Cantabria se ha lanzado a la búsqueda de extracomunitarios con titulación homologada con la oferta de tres años de contrato, la misma con la que quieren retener a los MIR que acaben su residencia. El PSOE exige a los actuales gestores que contraten más facultativos, aunque no se encontraron bajo su mandato, cuando se suprimieron los contratos de continuidad, que «bloquea ahora la movilidad de los profesionales en Atención Primaria», como se queja el SCS. Además, Pesquera pide conocer el proyecto del PP para que el Hospital de Laredo ofrezca una atención de calidad, la que reivindicaron, con protestas y una multitudinaria manifestación, profesionales y vecinos en la primavera de 2022 «contra la deriva de abandono de la Administración».

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