Begoña Gómez promocionó en Santander el 'software' que ahora investiga el juez Peinado

Begoña Gómez llegó el 24 de enero a Santander con su equipo y, bajo el cargo de directora de la Cátedra de Transformación Social de la Complutense, presentó y supervisó en persona durante toda la mañana el curso y los talleres desarrollados en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria. Al acabar, fue a comer un aperitivo con miembros de la dirección de la institución y, después, visitó la sede de Amica.

«Estaba claro que el curso tenía un fin comercial, vino a presentar su plataforma a las empresas y pymes y a abrirse puertas», destacan fuentes internas de la Cámara. Precisamente, lo que el juez Peinado intenta averiguar ahora es si la empresa creada por Begoña Gómez en 2023, Transforma TSC –con las mismas siglas que la Cátedra–, se apropió de ese 'software' de la universidad para sacar un beneficio comercial y económico.

Según la denuncia que origina la investigación judicial, la esposa del presidente se reunió con directivos de Indra, Telefónica y Google para pedirles que desarrollaran gratuitamente una aplicación para el máster que ha dirigido en la Complutense. Las empresas desarrollaron esta herramienta invirtiendo, según los denunciantes, unos 150.000 euros, si bien la aplicación «no se finalizó por un posible conflicto de intereses».

Pese a ello, la Complutense licitó un contrato para crear una plataforma de gestión por importe de 72.600 euros, que se terminó adjudicando a Deloitte. Los denunciantes entienden que Gómez habría cometido un delito de apropiación indebida al registrar como propia la marca 'TSC' de la Cátedra, además de un presunto delito de malversación al haberse licitado un contrato público desde la Complutense para crear la plataforma de gestión.

Fue durante ese proceso de creación del 'software' cuando la Complutense firmó un acuerdo de colaboración para organizar unos cursos con la Cámara de Comercio de España, corporación de derecho público tutelada por el Ministerio de Economía. En diciembre de 2023, la directora general de la institución, Inmaculada Riera, mandó un mail a todas las delegaciones para aconsejar la contratación de los talleres, aunque en ningún momento menciona que estén dirigidos por Begoña Gómez. Y la de Cantabria lo hizo solo un mes después, el pasado 24 de enero.

El coste por alumno fijado por la Cátedra fueron 7.000 euros y la idea era que las empresas y cámaras de comercio territoriales sufragaran el coste a sus directivos que participaran. Sin embargo, «aquí no pagamos nada porque venía todo hecho desde Madrid», aseguran desde la organización regional.

«No nos dimos cuenta de quién era ella hasta dos días antes de celebrar el curso. Todo sonaba muy raro y era incómodo. Se intentó hacer deprisa y corriendo, de tapadillo y con la orden de no darle demasiada publicidad», señalan fuentes internas de la Cámara de Cantabria. De hecho, fue la propia Cátedra de la Complutense la que obligó a la organización cántabra a firmar un documento de confidencialidad para evitar publicaciones de las imágenes en prensa y redes sociales, según desvelaron oficialmente desde la Cámara. Hasta el punto de que la página del curso ha sido borrada de la web de la institución. Pero la obsesión por que no trascendiera la presencia de Gómez en Santander fue mucho más allá, y una de las exigencias de la Complutense a la Cámara fue que ninguno de los empresarios asistentes al curso tuviera ningún tipo de vínculo o relación con los medios de comunicación.

Pese a que el convenio de colaboración con la Complutense para dar a conocer esta plataforma tenía una vigencia de cuatro años, la Cámara de Comercio de España decidió no seguir con él tras el inicio de la investigación judicial a Begoña Gómez.

«La apropiación de las marcas, utilización del nombre para su mercantil, y la presunta utilización del programa creado por parte de esta mercantil, hacen presumir la existencia de un delito de apropiación indebida, además de una posible malversación de caudales públicos si la Universidad era consciente de ello; o de una estafa si no era consciente», se puede leer en la querella de Hazte Oír. Por su parte, la esposa del presidente ha asegurado que «no se está utilizando la Cátedra para hacer ningún negocio ni para impulsar ninguna consultora o empresa».