El bipartito acepta cambios en su Ley de Memoria Histórica y la oposición los tacha de «insuficientes»

Socialistas y regionalistas apuntan que esa ampliación del plazo ha sido en pos de la búsqueda de un consenso al que todavía no renuncian. De hecho, los socios del bipartito promoverán un gran número de cambios respecto a su propio texto. Algunos de los artículos que tocarán tienen que ver con los puntos que habían generado más rechazo entre las tres formaciones de la oposición, todas ellas situadas a la derecha del Ejecutivo. Y de paso, también para aligerar el peso de algunos asuntos que defendía el PSOE y que resultaban incómodos para el PRC.

Paz de la Cuesta y Pedro Hernando, los diputados que elaboran de forma conjunta las enmiendas por estos partidos, prefieren no entrar en el fondo de su contenido hasta que no se presenten la próxima semana. En cualquier caso, lo que es seguro es que se modificará el marco temporal de aplicación de la norma. Según el documento inicial, es objeto de la ley el periodo comprendido entre la proclamación de la Segunda República y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cantabria. La directora general de Patrimonio y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, recordaba en marzo que esta horquilla se estableció en el proceso participativo en el que intervinieron asociaciones, sindicatos y otros colectivos, aunque entendía que no sería un problema redefinir los límites. La propuesta ahora es reducirlo.

El otro punto polémico fue el anuncio de la creación de una Comisión de la Verdad, que tras pasar el anteproyecto por el tamiz se reconvertirá en una Comisión de la Memoria que «ni juzgará ni castigará». Además, a falta de ver la redacción final de la enmienda, sus miembros no los elegirá el Gobierno, sino el Parlamento.

«La ONU habla de comisiones de la verdad para el momento exacto en el que finaliza un conflicto, pero esto es una realidad distinta. El objetivo es que sirva para el reconocimiento de las víctimas y que ayude a honrarlas», apunta De la Cuesta, que insiste en que estos cambios han tenido en cuenta las propuestas de todos los grupos en el trabajo en Comisión y que la intención del PSOE es que la ley «salga con el máximo acuerdo». Y que aunque serán muchas enmiendas, la mayoría son de carácter técnico.

Para el PP, que prepara medio centenar, este movimiento es insuficiente. «En relación a la Comisión de la Verdad planteamos ir más allá. Que se suprima, no cambiar la denominación o la forma de elección de sus miembros», apunta su portavoz, Íñigo Fernández. Entiende que el cambio en el marco temporal sí va por el buen camino, aunque recuerda que antes del golpe de estado de 1936, desde las elecciones del mes de febrero, en Cantabria hubo 21 asesinatos por motivación política.

Lo que los populares consideran inasumible es que «haya víctimas de primera y de segunda», porque el anteproyecto solo considera como tal a las que defendieron la legalidad republicana. Así, recuerda que durante los 13 primeros meses de la Guerra Civil que Cantabria estuvo en el bando republicano también hubo represaliados del bando nacional, alrededor de 1.300. «No puede haber reconciliación si se diferencia entre las víctimas. Si el PSOE y el PRC quieren maquillar esta ley, el PP no va a entrar en ese juego. Hay que cambiarla entera», concluye Fernández.

La posición de partida de Ciudadanos es muy similar sobre un proyecto «sectario y tremendamente ideológico que se preocupa más de reabrir heridas y reescribir la historia que de la reparación». En cambio, Félix Álvarez considera que hay opciones de enmendarlo. «Toca arremangarse para consensuar un texto necesario que avance en este sentido», asegura el diputado naranja, que rechaza lo anterior pero valora positivamente «todo lo que tiene que ver con la reparación, el reconocimiento y la dignidad de todas las víctimas, así como con su localización, recuperación y exhumación. Como el regionalista Hernando, que solo se limita a señalar que los grupos están negociando y que «la idea del PRC es que pueda salir con el máximo consenso», Cs entiende que hay margen de maniobra con los cambios establecidos.

El texto, remitido por la Vicepresidencia y que, según el responsable del área, Pablo Zuloaga, se aprobará este otoño para que esté «plenamente vigente» en 2022 y contará con partidas en el Presupuesto del próximo año, tampoco gustaba a Vox inicialmente y sigue sin gustarle tras las novedades que han esbozado desde el bipartito.

«Vamos a introducir un cambio radical para que realmente sea una ley de víctimas, dedicada a ellas y sus familias, dejando a un lado toda la carga ideológica que incluye», apunta el diputado Armando Blanco, especialmente crítico con artículos que, según entiende esta formación, profundizan en el adoctrinamiento a los escolares. También con la Comisión de la Verdad. «Los políticos tienen que dejar el estudio de los hechos a los historiadores. No puede haber una ley que cambie la visión de la historia». Para Vox, es reprochable que el Gobierno vaya a «regar» de dinero a las entidades memorialistas, porque creen que quien tiene derecho a buscar los restos de las víctimas si así lo desean son sus familiares, no estas asociaciones.