El bipartito y el PP se alían para frenar la comisión de investigación sobre MARE

La conclusión fue que no solo no se había corregido el asunto tras el aviso, sino que esta práctica se había mantenido hasta diciembre de 2020 y se había obviado la exigencia de pedir a los beneficiarios la devolución de las cantidades hasta el pasado enero. El último hito de esta rápida cronología es un informe de los Servicios Jurídicos que dice que sólo es posible reclamar a los trabajadores el reingreso de los sobresueldos del año anterior (los 300.000 euros de 2020 y no el millón que se acumuló entre 2015 y 2019). Informe que también apunta que los sucesivos gestores de MARE son responsables de estas prácticas, por lo que tendrían que devolver de su bolsillo el dinero en cuestión e incluso responder penalmente por los hechos. Más allá de las interpretaciones interesadas, todo eso son hechos objetivos que figuran en documentación oficial y también los motivos que llevaron a los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Vox a pedir una comisión de investigación en la Cámara autonómica. Una comisión de investigación que no se celebrará por el voto en contra este lunes de los dos socios del bipartito (PRC y PSOE) y de la abstención del PP.

«Los tres evitan la comisión de investigación porque la responsabilidad es de los tres», ha resumido en su turno de cierre el portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, que coincide en su argumento con la formación naranja: «Decir que MARE, que se dedica a la gestión de las basuras, lleva tantos años oliendo tan mal no solo resulta paradójico, sino que es además una evidencia. MARE es el paradigma de cómo no se debe gestionar una empresa pública. De cómo los gobiernos, con especial atención al PSOE, ha usado esta empresa pública de agencia de colocación de amiguetes».

En el lado contrario, PRC, PP y PSOE han utilizado argumentos similares para oponerse a la petición de la comisión de investigación. Básicamente, que la Intervención ya ha puesto de manifiesto los problemas y que la empresa está en vías de solucionarlo en referencia a la petición de devolución de los sueldos indebidos de 2020. Sobre los ejercicios anteriores, como ya apuntó el consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, el Gobierno se inhibe porque entiende que no puede cursar una reclamación similar y afirma que cualquier decisión depende del Tribunal de Cuentas. Que se hará lo que diga este órgano nacional cuando resuelva en un sentido o en otro.

«Es lícito pedir la comisión de investigación, pero parece de poca lógica investigar lo que ya ha sido investigado. Ya hay un informe que marca una hoja de ruta para solventar las circunstancias que han dado lugar a dicho informe», ha apuntado la portavoz socialista, Noelia Cobo, que entiende que Cs y Vox no quieren saber, sino que «solo pretenden erosionar al Gobierno y arrojar dudas sobre el buen funcionamiento de las instituciones». «Ruido y confusión», resume la número dos de Pablo Zuloaga, que recuerda que el actual equipo -la dirección general de MARE está en manos de José María Díaz, nombrado por el PRC- no ha podido avanzar más rápido en la legalización de los sobresueldos porque entró en noviembre de 2019, al poco tiempo los abogados que asesoraban a la empresa en esta tarea acabaron su contrato y después llegó una pandemia que paralizó las gestiones. A pesar de ello, subraya que el 50% de las recomendaciones que se recogían ese informe están implantadas o en proceso de implantación.

Precisamente la comparecencia de Díaz es lo que piden sin éxito en el PP, que reclama su visita a la Cámara hace dos semanas. La diputada Isabel Urrutia ha lamentadoo que pasado este tiempo el portavoz de la comisión correspondiente, en regionalista Pablo Diestro, aún no la haya ni siquiera admitido a trámite. «¿Qué vamos a investigar aquí que no haya investigado ya un auditor o un trabajador del Gobierno. Ni los interventores ni el Tribunal de Cuentas se casa con nadie», ha afirmado como argumentos para rechazar la comisión de investigación. En cambio, sí reclama explicaciones y transparencia a MARE para que detalle cómo está implementando las medidas correctoras. Lo que no hará el PP es participar en el «circo mediático» que está montando sus compañeros de oposición para «criminalizar a los trabajadores» por encima de la responsabilidad de los gestores, algo que atribuye al portavoz naranja.

«¿Qué sentido tiene volver a revisar cosas que ya están aclaradas?», se ha preguntado el PRC a través de Pedro Hernando, que reconoce que el informe de 2018 avisaba de las posibles irregularidades, pero también que MARE ha tenido que esperar hasta el informe definitivo de diciembre de 2020 para actuar en relación a la devolución de los sobresueldos -una palabra que no gusta a Urrutia, cuyo partido gestionó la empresa entre 2011 y 2015 y que prefiere hablar de «sueldos indebidos» siguiendo la terminología de Intervención, que en esos cuatro años también aprecia anomalías- con todas las garantías jurídicas para los trabajadores.

Hernando ha apuntado que el Servicio Jurídico sólo permite reclamar las cantidades indebidas pagadas el último año y no durante los anteriores, un dinero sobre el que tendrá que pronunciarse el Tribunal de Cuentas. También dijo que ese informe jurídico «en ningún momento se hace referencia a la responsabilidad de las personas que han dirigido MARE», algo mucho más cuestionable. Es más, la literalidad del documento de cuyo contenido informó este periódico va justamente en la dirección contraria.

«Todo ha sido enviado al Parlamento. Todo ha sido auditado. ¿Qué quieren ustedes saber sobre MARE?», ha preguntado Hernando a Cs y Vox. Por ejemplo, Palacio ha planteado «por qué cuatro quintas partes de los trabajadores no cobraron sobresueldos y una quinta parte sí» y recorda que es el informe de Intervención el que pone de manifiesto la posible responsabilidad penal por «delitos de administración desleal, fraude o malversación de caudales públicos» del consejo de administración de MARE. Vox ha aprovechado para reclamar información sobre cómo se decidió que unos trabajadores vieran incrementada su nómina y otros no, quién lo decidió y en función de qué factores. Además de detalles sobre las irregularidades detectadas y los mecanismos de corrección, reclama responsabilidades políticas a aquellos que hicieron oídos sordos a los informes y no los llevaron a la Fiscalía cuando se hablaba de posibles delitos penales.

Más preguntas, esta vez de Cs: «¿Por qué MARE lleva casi una década incumpliendo la ley? ¿Por qué consideran que la solución pasa por pedir la devolución de lo pagado en 2020, 300.000 euros del total de 1,3 millones y por mirar hacia otro lado con el resto?» Álvarez mantiene que el Parlamento tiene que pedir responsabilidades políticas a los gestores de la empresa pública y entiende que «la mejor forma de demostrar que no hay nada que ocultar es apoyar esta comisión de investigación. Si todos los que han gestionado MARE tienen la conciencia tranquila, ¿qué problema hay para no votar a favor?».