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Los socios del bipartito y el PP rechazaron este lunes la petición de Vox, a la que sí se unió Ciudadanos, de remitir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas toda la documentación sobre los «sueldos indebidos» en la empresa pública MARE. ... Según un informe de la Intervención de Cantabria, confirmada posteriormente por otro de los Servicios Jurídicos de la comunidad autónoma, en los últimos seis ejercicios se pagaron al menos 1,3 millones de euros indebidos siguiendo una práctica que venía ya de ejercicios anteriores. Un asunto que está monopolizando el debate político regional y que, según apuntaron tanto los portavoces de regionalistas y socialistas, no hay que remitirlo al órgano fiscalizador del Estado porque «ya lo tiene». Se hizo de oficio como ocurre con todos los informes que elabora la Intervención regional.
«Ya está hecho. El Tribunal de Cuentas tiene todas las auditorías e informes porque es obligatorio remitirlos. Está claro que lo único que quiere es seguir haciendo ruido», respondió la diputada Ana Obregón (PRC), al portavoz de Vox, al que también le recordó que esos sueldos indebidos no eran un premio a «privilegiados por su vinculación con quien tomaba las decisiones», como también acusó Cristóbal Palacio, sino una práctica generalizada que se ha intentado corregir desde que se conoció hace dos años.
Desde Vox, lamentaron que el Parlamento no ha recibido explicaciones suficientes sobre este asunto, pero sobre todo que el Ejecutivo no ha realizado ninguna actuación ante la gravedad de los hechos y ha impedido a los diputados realizar la labor de control rechazando iniciar una comisión de investigación al respecto. Como el bipartito, también el PP rechazó la comisión de investigación. Sobre todo porque antes de eso creen que es necesario que comparezcan en la Cámara el consejero Guillermo Blanco –previsiblemente irá la semana que viene– y el director general de MARE. Para la visita de este último hace falta que se apruebe en la comisión correspondiente, algo que aún no se ha producido porque, como recordó la popular Isabel Urrutia, el regionalista Pablo Diestro, al frente de este órgano, se niega a convocarlo.
El pleno aprobó por unanimidad una proposición del PP para instar al Gobierno central a incluir en el Plan del Vehículo Eléctrico a la industria de los componentes de automoción –que genera en Cantabria cerca de 7.900 empleos directos– en los proyectos susceptibles de recibir inversión. Como recordó el diputado Lorenzo Vidal de la Peña, con la actual redacción, los 24.000 millones que movilizará el plan irían casi en exclusiva a los fabricantes y quedarían fuera las empresas de componentes asentadas en región. El popular exigió al PRC que «haga todo lo posible»para forzar al Ministerio a hacer este cambio o vote en contra de las Cuentas del Estado.
MARE, de acuerdo a los informes jurídicos, sólo está reclamando la devolución de los 300.000 euros de los sobresueldos de 2020. «Lo que no sabemos es qué va a ocurrir con ese millón que falta por recuperar», subrayó Félix Álvarez (Cs), que afirmó estar «hasta las narices de que el dinero público lo gestionen incompetentes y manirrotos».
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