El bipartito busca atraer a la oposición y acepta la mayoría de sus enmiendas a la Ley del Suelo

En eso se afanan los regionalistas, que ayer trataron de cargarse de argumentos para echar en cara al PP que no hay razones para un 'no'. El principal, antes de la votación definitiva de finales de mes, es el trabajo que se está desarrollando en la Comisión de Obras Públicas y en la ponencia en la que participan todos los partidos con representación en el Parlamento. En las dos reuniones que han mantenido hasta ahora con este asunto sobre la mesa, los grupos que sustentan al Gobierno han aceptado ya 175 de las 269 enmiendas presentadas, el 70% del total. «Esto es el ejemplo de lo que tiene que ser el trabajo para intentar mejorar el texto», se felicitaba ayer el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que con esta estadística sobre la mesa entiende que no hay razones para no pensar que aún es posible un acuerdo a cinco.

Además de las suyas propias, socialistas y regionalistas han aceptado más de la mitad de las aportaciones de la oposición. Lo han hecho en asuntos como las reparcelaciones y las licencias y sanciones urbanísticas (a propuesta del PP), los cálculos de los volúmenes, las alturas y las bajo cubiertas (Vox), o permitiendo las actividades profesionales en suelo rústico y no solo las artesanales, turísticas o ganaderas, como pidió Ciudadanos (Cs). De las reclamaciones de la CEOE, por ejemplo, se ha añadido que el suelo que tengan que ceder para usos públicos las empresas en las nuevas construcciones pase del 15% al 10%.

Lo que ocurre es que el asunto más polémico de la Ley del Suelo y que supone para el PP una auténtica línea roja es uno de los que aún no se ha tratado -se hará en la tercera y penúltima reunión de la ponencia, ya la próxima semana-, el artículo 86. El que regula la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico y donde se abre un abismo entre las partes. Lo que exigen los populares y el motivo por el que, salvo sorpresa, no habrá consenso, es que se mantenga el actual estatus: que se sigan dando licencias para levantar casas en suelo rústico en todos los municipios de Cantabria. Como ocurre desde que se introdujo esta posibilidad en 2012, que se pueda construir hasta 200 metros más allá del espacio calificado como urbano, en lugar de reducirlo a 100 metros como se plantea en el proyecto de ley.

Además de esa disminución del perímetro que el PRC considera suficiente, lo que hace el documento es crear dos modelos según el tamaño del municipio. Para los menores de 5.000 habitantes la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico estará permitido de forma indefinida -como hasta ahora-, pero en los 21 de más de 5.000 vecinos solo se permitirá durante dos años de forma transitoria. Un tiempo «suficiente» para que los alcaldes adapten sus planes urbanísticos y tengan un modelo de crecimiento ordenado.

«Usted elige: o un acuerdo amplio con el PP para mantener la regulación actual de la vivienda unifamiliar en suelo rústico en Cantabria o una Ley del Suelo que nace muerta sin el respaldo de la única alternativa de gobierno, porque desde hoy mismo anuncio que lo primero que haremos en cuanto lleguemos al Gobierno será derogarla», dijo a Revilla el lunes la líder popular, María José Sáenz de Buruaga, que entiende que la norma nace muerta.

Ante eso, Hernando asegura que el PP quiere hacer ver que «las posiciones están más enfrentadas y son más distintas de lo que lo están en la realidad» y no entiende que los populares antepongan «el interés particular de veinte propietarios al interés general de 584.407 cántabros». Según los datos de la Consejería, desde 2012 se han autorizado 1.130 viviendas unifamiliares en suelo rústico. Son 113 al año y de ellas solo veinte corresponden a municipios de más de 5.000 vecinos, en los que quedará prohibida esta opción a partir de julio de 2024. Además, recuerda que otros aspectos sí se flexibilizan para facilitar la construcción en suelo rural, sobre todo en los 39 municipios en riesgo de despoblación. Por ejemplo, no se va a exigir que la parcela tenga al menos 2.000 metros cuadrados. Sí, en todos los casos, que la vivienda sea autosuficiente energéticamente o exigencias curiosas como que se plante un árbol autóctono en el terreno -cuando sea posible- cada 50 metros.

Con la aceptación de las enmiendas, el PRC trata de atraer a los grupos parlamentarios y, en caso de que no tengan éxito, de ganar el relato y trasladar a la opinión pública que el que no se ha sumado al consenso lo ha hecho por intereses partidistas. Que el bipartito no ha excluido a nadie y que ha buscado el acuerdo hasta el último segundo. Se puede dar el caso, incluso, de que el PP se quede solo porque Cs y Vox apuesten por el 'sí'. «Es verdad que el bipartito está aceptando muchas más enmiendas de lo que es habitual. Por eso la Ley resultante va a cambiar mucho y habrá que ver cómo queda finalmente», apunta Diego Marañón, de Cs, partido que aún no ha decidido su voto.

Ni lo que apoya el Gobierno bipartito ni lo que apoya el PP gusta a organizaciones ecologistas como ARCA o a partidos de la izquierda extraparlamentaria. IU y Podemos insisten en que la Ley servirá para reducir las zonas agroganaderas, hormigonar Cantabria y avanzar en la especulación. Además, piden que se apruebe previamente el Plan Regional de Ordenación del Territorio. «Nosotros estamos en medio. Si unos creen que es demasiado restrictiva y otros que es demasiado permisiva es que la Ley está bastante bien», concluye Hernando.