El bipartito deja sin tramitar los 55 millones del Ministerio para Valdecilla, La Pasiega y el Mupac

Aquel 16 de noviembre lo que se firmó fue el convenio por el que se transfirieron otros 44 millones de euros de 2022, no los 55 prometidos para este 2023. Es cierto que con la comparecencia de la ministra quedaba más que explicitada la promesa del Gobierno central de no dejar tirada a Cantabria este año –y la prueba es que, más allá de las palabras, ha reservado una partida económica finalista en los Presupuestos Generales del Estado–, pero el «finiquito» del que hablaba Revilla en referencia a la deuda de Valdecilla todavía está en veremos.

En cualquier caso, que no hayan llegado todavía esos 55 millones de euros no quiere decir que no vayan a llegar este año, lo que ocurre es que están en el aire y será ya el Ejecutivo de la popular María José Sáenz de Buruaga el que firme el convenio si lo cree conveniente.

Un convenio que ya está listo. Ya ha sido redactado por la Consejería de Economía que dirige en funciones la socialista Ana Belén Álvarez siguiendo las directrices del Ministerio de Hacienda. Hay acuerdo entre las dos partes, que han revisado los términos del texto y no ven ningún impedimento. Álvarez se irá dejando todo listo para que el siguiente encuentre el día para reunirse, estampe la firma y se haga la foto. Lo mismo que hicieron Revilla y Montero en noviembre, pero otra vez un año después. Ahora, lo previsible es que el próximo consejero de Economía no ponga inconvenientes a este documento y que tampoco lo haga el que salga de las urnas tras las elecciones generales del 23 de julio, si es que no da tiempo a cerrar el asunto antes.

En caso de que Pedro Sánchez siga en La Moncloa, el compromiso seguiría intacto. Y en caso de que entre Alberto Núñez Feijóo, tendría que decidir si cumple o no lo que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, que tiene rango de ley. Sería extraño, pero no es la primera vez que pasa porque en 2016 fue Mariano Rajoy quien metió la anualidad en las Cuentas nacionales y después no pagó los 22 millones que allí figuraban. Según los populares, porque la entonces consejera de Sanidad, María Luisa Real, no justificó debidamente a qué iba a destinar ese dinero. Un argumento que no compró la Audiencia Nacional, que condenó al Gobierno de España por ello.

Cabe otra opción. El mismo día que se citaron Revilla y Montero, Buruaga fue muy crítica durante una comparecencia pública con el bipartito por el hecho de que en los convenios de Valdecilla de los ejercicios 2020 y 2021 se justificara el pago con partidas «que no tienen como destino el hospital, sino inversiones en centros educativos, obras hidráulicas y saneamientos y carreteras». En el convenio redactado pero no firmado de 2023 vuelve a ocurrir. Lo que ha hecho el Gobierno de Cantabria es preparar una lista de inversiones ya ejecutadas por valor de 61 millones de euros de distintas consejerías –no solo de Sanidad– para justificar la recepción del dinero, algo a lo que el Ministerio parece que no ha puesto pegas. Es más, fue el Ministerio quien metió en el Presupuesto una partida única de 55 millones –no tres transferencias distintas de 33, 11 y 11 millones– sin detallar a qué tenían que destinarse. Esto, teóricamente, facilita mucho más el encaje legal para firmar el convenio, una figura excepcional en la relación económica entre Madrid y las comunidades autónomas. Tanto que además del caso cántabro, solo se recoge otro más para proyectos en La Rioja.

El primero de los convenios con el Estado sobre Valdecilla se firmó en 2002 con el Gobierno de José María Aznar (PP). El documento recogió entonces 206 millones para acometer la primera fase de los trabajos para levantar el nuevo hospital, pero un lustro después esa cantidad ya se había gastado y para continuar la obra en una segunda fase Cantabria se vio obligada a poner de su bolsillo otros 96 millones. En 2012 llegó la tercera fase, que requirió cerca de 100 millones más que fueron costeados por Ferrovial con el condicionante de que se llevaría la concesión de todos los servicios no hospitalarios durante los siguiente 20 años. Estas dos últimas cantidades sumaban 192 millones, cantidad desde entonces conocida como la 'deuda de Valdecilla'.

El pago ha sido lento y ha estado plagado de discusiones. Todo con origen en la promesa que el Gobierno central hizo en 1999 de asumir el coste íntegro tras el trágico derrumbe de la fachada oeste de Traumatología. José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) no transfirió nada –no habían comenzado las obras de la tercera fase– y con Mariano Rajoy (PP) se pagó un millón en 2013; al año siguiente, en 2014, se abonaron 28 millones, y otros 28 llegaron en 2015. El mayor conflicto tuvo lugar en 2016, cuando se consignaron 22 millones para este fin pero nunca recalaron en la región y por eso Cantabria fue a los tribunales.

En 2017, los populares olvidaron el compromiso con Valdecilla y a Cantabria no llegó nada; mientras que en 2018 lo recuperaron en los Presupuestos, pero tras la moción de censura fue Pedro Sánchez (PSOE) quien lo abonó. Después, fue en 2021 cuando el Gobierno central embolsó de golpe 66 millones –correspondientes a tres anualidades– y en 2022 llegaron otros 22. Faltan los últimos 33 que teóricamente llegarán este año. Cuando lleguen, entonces sí y no antes, se podrá decir que la deuda estará finiquitada.