El bipartito impide que Blanco y el servicio jurídico expliquen la auditoría de MARE

Los tres grupos de la oposición reclaman más detalles sobre las conclusiones de la auditoría realizada a la empresa pública. La Intervención General estimó que el ente encargado de la gestión de basuras ha pagado de forma irregular cerca de 1,3 millones de euros a unos 50 empleados. Al menos esa es la cantidad que ha podido demostrar en una auditoría firmada en junio y que recoge solo las «retribuciones indebidas» percibidas entre 2015 y 2020. Lo más llamativo de todo es que estas prácticas, de las que ya se avisó en 2018, se prolongaron en el tiempo dos años más.

El argumento para impedir esta comparecencia que han utilizado este martes los regionalistas en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara es el mismo al que ya recurrió el presidente Revilla en una pregunta parlamentaria en la que fue cuestionado por los motivos para rechazar una comisión de investigación: que toda la documentación está ya en manos del Tribunal de Cuentas y que será este órgano el que diga si ha habido alguna irregularidad. Según los informes del Servicio Jurídico autonómico, cuya responsable tampoco podrá comparecer por el resultado de la votación, los hechos pueden derivar incluso en una responsabilidad patrimonial de los gestores de MARE. Es decir, que no descarta la posibilidad de que ahora alguien tenga que pagar de su propio bolsillo.

«Consideramos que se están implantando todas las medidas que se propusieron y esto ya está siendo objeto de investigación por parte del Tribunal de Cuentas», ha apuntado la portavoz del PRC, Ana Obregón, que ha lamentado el «escarnio público al que se está sometiendo a los trabajadores». «Confunden a sus enchufados (en referencia a las etapas en las que PP, PSOE y PRC han gestionado MARE) con la totalidad de los trabajadores», respondió Cristóbal Palacio, de Vox, que insiste en que los 50 beneficiados por los sobresueldos responden a ese perfil y no tienen nada que ver con los 300 empleados que no han cobrado. «El PRC se opone porque no quiere transparencia. Niega a esta Comisión la labor de inspección».

Justo para evitar el «escarnio» contra los trabajadores y para aclarar dudas, el PP considera que es «un escándalo» rechazar ambas comparecencias. «Están haciendo un flaco favor a los trabajadores y a la empresa», ha afirmado la diputada Isabel Urrutia, que además ha destacado la falta de respeto del Ejecutivo a la Cámara y que el portavoz del PSOE abandonara la sesión para no pronunciarse: «Creo que nunca había pasado en este Parlamento que en una Comisión se impidiera que venga a debatir alguien del Gobierno. Debemos de demostrar que no hay nada que ocultar». Sí cree que hay cosas que se quieren esconder Marta García (Cs), que ha reclamado un «ejercicio de transparencia sobre un asunto que tiene más sombras que luces».