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El Gobierno de Cantabria cuenta con 106 altos cargos y, a menos de que lo decida el propio Ejecutivo, esa cifra no variará de aquí ... hasta que acaba le legislatura. El bipartito rechazó este lunes en el Parlamento regional con su mayoría absoluta la propuesta del PP de reducir el número de puestos de confianza en la administración autonómica y tanto el PSOE como el PRC echaron en cara a la oposición la «demagogia»y el «populismo» de la iniciativa.
En concreto, la proposición no de ley que llevó a la Cámara la popular Isabel Urrutia reclamaba reducir los altos cargos a 88, la cifra que existía hasta mayo de 2019 –con las mismas formaciones en el poder, por el PP tenía 75– y a la vez paralizar la convocatoria de nombramientos de nuevos cargos directivos y de contratos de asistencia técnica para externalizar algunos servicios, como la concesión de ayudas a empresas culturales afectadas por el covid.
«La única empresa de empleo temporal que va bien es el PSOE», recriminó Urrutia, que responsabiliza al vicepresidente Pablo Zuloaga de engordar la administración para «colocar amigos». A su entender, desde que llegó al Gobierno, el líder socialista tenía claro que no iba a perder ni un solo alto cargo «a pesar de gestionar menos dinero y competencias». Le acusó de eso y de amañar concursos públicos que se convocan para cubrir puestos cuando «sabemos meses antes quienes lo van a ocupar», una responsabilidad aquí compartida con el PRC.
La interpretación que hacen en el PP es muy similar a la de Vox. «Ofrecen un alto cargo a su anterior contrincante para preparar las primarias del PSOE con dinero público», apuntó Cristóbal Palacio, en relación al infructuoso ofrecimiento hecho a Eva Díaz Tezanos de dirigir la Fundación Comillas. Además, desde Vox recordaron que algunas direcciones generales de nueva creación sólo tienen cuatro trabajadores a su cargo. Las que se desdoblaron en junio de 2019. «Donde había dos direcciones generales, ahora hay cuatro. Un socialista de Díaz Tezanos vale por dos de Zuloaga», ironizó Urrutia. Para Félix Álvarez (Cs) es preocupante que se superpongan puestos de dirección para echar «miguitas de pan a sus propias palomas», pero sobre todo que esa mayor estructura siga sin dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y no responda de manera ágil a lo que la sociedad necesita.
La portavoz socialista, Noelia Cobo, mostró su sorpresa por el hecho de que el PP lleve ahora este asunto al Parlamento cuando la estructura del Gobierno se aprobó por decreto hace año y medio y venía acompañada de una memoria que justificaba los cambios. «Para abordar más proyectos y más ambiciosos, hace falta gente que los impulse políticamente», apuntaron desde el PSOE, que está dispuesto a abrir un debate a fondo sobre la designación y las estructuras del Ejecutivo, pero antes reclaman dejar a un lado el oportunismo que observan en el principal partido de la oposición.
Mejora de la seguridad vial
En enero de 2018, el entonces ministro de Fomento, el cántabro Íñigo de la Serna, presentó un proyecto de cerca de 2 millones de euros para la mejora de la seguridad vial en nueve intersecciones peligrosas de Cantabria. Unas obras que afectaban a cruces de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Piélagos, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, Cicero, Colindres y Liérganes. Tres años después, esa actuación aún no se ha ejecutado. Es lo que denunció el PP a través de su diputado Roberto Media, que defendió una proposición no de ley para instar al Gobierno de Cantabria a que exija la continuación del proyecto al Estado y lo recupere «del olvido al que ha sido relegado».
Según Media, esto es un ejemplo de la «desidia del Gobierno de España y del PSOE con esta tierra». El popular echó en cara tanto al actual vicepresidente Zuloaga como a su sucesora en la Delegación del Gobierno, Ainoa Quiñones, que hayan seguido presumiendo y anunciando estas obras en sus visitas a los municipios sin avanzar en la actuación, con la excepción de una pequeña glorieta en Oruña de Piélagos, que era la de menor importe.
Desde el PSOE, Javier García-Oliva reconoció que el proceso se ha dilatado como consecuencia de episodios como el cambio de Gobierno en Madrid, las sucesivas citas electorales o la pandemia, pero recordó que hasta diciembre de 2020 no hubo un proyecto final en el Ministerio tras incluir las alegaciones recibidas. Ahora, espera que se pueda licitar este mismo semestre y a partir de ahí habrá 18 meses para su ejecución.
Cs, por revertir la caída del ovino y el caprino La diputada Marta García (Cs) reclamó al Gobierno que ponga en marcha políticas para revertir la pérdida de ganado ovino y caprino, que se ha reducido a la mitad desde 1998. Para ello, reclamó la discriminación favorable de estas especies en la orden de convocatoria de incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones. Además, recordó que actúan como «bomberos medioambientales» por su labor de limpieza de los montes.
Aprobada la propuesta de abolición del PSOE El PSOE presentó en la Cámara regional una proposición para instar al Gobierno de España a que diseñe planes para la abolición de la prostitución y avanzar hacia una sociedad «en la que los derechos de las mujeres no sean pisoteados bajo la falsa libertad que la industria del sexo». La iniciativa, que salió adelante, también pide al Ejecutivo cántabro extender los planes de igualdad, tanto en el ámbito público como en el privado.
Presidencia apoya el socorrismo en playas La Consejería de Presidencia ha convocado las ayudas destinadas a los municipios con el fin de mejorar el dispositivo de salvamento y socorrismo desplegado en las playas durante el verano. La consejera Paula Fernández ha recordado que servirá para llevar el servicio a 80 arenales y el incremento de las ayudas a los ayuntamientos hasta alcanzar los 600.000 euros, 50.000 más que el año anterior.
Vox pide acabar la obra de la calle Cántabra Vox presentó una proposición para que el Gobierno regional permita a Potes continuar la obra de la calle Cántabra mientras que el juez resuelva el conflicto jurídico abierto. Cultura paralizó el proyecto al considerar que el nuevo adoquinado puede incumplir la normativa sobre protección del patrimonio y Vox pide acabar la actuación por seguridad de los vecinos y porque la obra es reversible en caso de que la Justicia de la razón al Gobierno.
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