El bipartito resucita el Consejo Económico y Social que fulminó el Gobierno del PP

Este organismo fue suprimido por el Gobierno de Ignacio Diego a comienzos de 2012, tras recibir una serie de críticas a las políticas puestas en marcha tras su llegada al Gobierno. Entre ellas, a su política fiscal , a la supresión del impuesto de sucesiones y a la implantación de las tasas por las bolsas de plástico. Menos de seis meses después de esas discrepancias, Diego ordenó el cierre del CES. Una decisión que no pilló de sorpresa a sus miembros a la vista de declaraciones precedentes del entonces líder del PP. «El CES se ha bebido en copas el dinero de los cántabros», llegó a decir Diego en 2010.

Ahora, De la Sierra ha afirmado que el nuevo CES será «más representativo, austero y eficaz». Y ha calculado que tras la información pública del documento y su tramitación interna, el Gobierno estará en condiciones de remitirlo al Parlamento en este primer semestre para su debate después del verano.

El consejero ha explicado que mientras otras comunidades autónomas optaron por la suspensión, en Cantabria el anterior Gobierno del PP derogó la ley que regulaba el CES, lo que ahora obliga a tramitar una nueva norma.

El consejero ha destacado que todas las comunidades autónomas salvo La Rioja y Madrid han recuperado ya el CES, y aunque el PP «se ha manifestado en contra», confía en que el Parlamento apruebe la ley por unanimidad, dado que está en línea con el Libro Blanco de la Gobernanza Europea y se plantea un Consejo con «el gasto mínimo imprescindible».

El nuevo CES no tendrá una estructura independiente, sino que estará integrado en la Consejería de Presidencia, y no tendrá tampoco un presupuesto propio, a diferencia del anterior, que en 2006 tuvo un presupuesto de casi 600.000 euros y en 2012 de 400.000. Únicamente el presidente del CES, que es elegido por el Gobierno, tendrá dietas por asistencia a reuniones, y el resto de los consejeros solo podrán percibir gastos de locomoción.

El nuevo CES tendrá un secretario, que será un funcionario del Gobierno al que «probablemente» se le asignará una dedicación parcial, y otros puestos para tareas administrativas. Según los cálculos de De la Sierra, ello conllevará un gasto de 60.000-70.000 euros, al que habrá que sumar «pequeñas dietas».

El consejero ha cifrado en 75.000-80.000 euros la base mínima para que funcione el Consejo, al que además se le podrá encargar que realice estudios, pero tendrá que aprobarlo el Parlamento.

La composición del Pleno pasa de 25 a 29 miembros, se potencian las comisiones de trabajo y se crea un cuarto grupo que se une a los que ya tenía el anterior CES -los de los miembros designados por el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas-.

De esta forma, el Gobierno elegirá a seis personas expertas en materias propias del Consejo, de los que al menos uno representará a la Universidad de Cantabria; CCOO y UGT a otros seis; y las organizaciones empresariales más representativas también a seis.

El cuarto grupo tendrá diez miembros nombrados por el Parlamento y representativos de la economía social (asociaciones cooperativas, sociedades laborales o entidades asimilables); organizaciones de consumidores y usuarios; colegios profesionales; organizaciones representativas de intereses públicos (culturales, sociales, deportivos, etc); organizaciones del sector de la discapacidad; representantes de la Administración Local; organizaciones del sector primario; y sindicatos de al menos una representatividad del cinco por ciento.

Según ha dicho De la Sierra, el nuevo CES tendrá más funciones; podrá hacer sugerencias a los presupuestos y hará una «foto fija» de la situación socioeconómica en la primera parte de la legislatura. Sus informes podrán ser preceptivos o no preceptivos, pero en ningún caso vinculantes.

El nombramiento de los consejeros será por cinco años, para que el CES «no esté condicionado por el Gobierno de turno, sino que trascienda y se mantenga para la siguiente legislatura». Además, se prevé un régimen de incompatibilidades «estricto» para evitar la presencia política, de forma que ningún cargo público puesta estar en el Consejo, salvo el representante de la administración local.

El Gobierno ha sometido el texto a consulta pública y ha incorporado las aportaciones de diversos colectivos que, según ha explicado De la Sierra, coinciden con la línea del propio Ejecutivo de impulsar una participación más plural.

Los colectivos que han realizado aportaciones hasta el momento son CEOE, UGT y CCOO, UGAM, los colegios de economistas, mediadores de seguros y trabajo social, el Sindicato de Enfermería, la Unión de Estudiantes de Cantabria, la Federación de Municipios, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), USO y la Unión de Consumidores.

El borrador será trasladado a los agentes económicos y sociales y se colgará este mismo lunes en el Portal de Participación Ciudadana para abrir un periodo de alegaciones durante 20 días antes de iniciar su tramitación administrativa.