Blanco se congratula de que el Ministerio asuma las alegaciones de Cantabria en el proyecto eólico del Escudo

Blanco ha recalcado que es el Ministerio el «responsable» de realizar la Declaración de Impacto Ambiental, pero ha señalado que Cantabria emitió el año pasado un informe «condicionado», que fue recogido por el Ministerio, al igual que otras sugerencias sectoriales. «Lo que nosotros propusimos se ha recogido», ha insistido. Por ejemplo, se han suprimido once molinos de la propuesta inicial que quería sacar adelante la promotora, que planteaba instalar 36 aerogeneradores frente a los 25 que se le han admitido.

Blanco ha añadido que también se ha tenido en cuenta la propuesta del Ejecutivo regional de realizar un seguimiento para cuidar las turberas y los canales de evacuación de agua de las mismas en todo el procedimiento previo a la instalación, así como posterior.

No obstante, a falta de que la promotora, Biocantaber -Ocyener e Iberdrola-, presente un plan definitivo, cuya construcción se quiere empezar a principios de 2022, ésta indicaba que los 25 aerogeneradores autorizados en primera instancia podrán aumentar a 33 si durante cinco años se constata la seguridad para las aves.

Así, por el momento, el Gobierno cántabro está informando a aquellos que solicitaron proyectos de parques eólicos con anterioridad a la anunciada reforma del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) de acuerdo al Plenercan 2014-2020. «En la medida que vayan incorporándose nuevas leyes nos ajustaremos al plan energético o al PROT, pero mientras tanto tenemos que seguir actuando e informando respecto al Plan 2014-2020», ha sostenido Blanco al ser cuestionado sobre si el Gobierno autonómico se plantea paralizar los informes ambientales de los proyectos eólicos hasta que se apruebe el nuevo PROT y se establezcan zonas de exclusión.

La Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria ha sacado esta semana a consulta pública la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de los anteproyectos de seis parques eólicos, que suman un total de 40 aerogeneradores y 180 megavatios (MW) de potencia instalada y que afectan a 18 municipios.

Respecto a las críticas surgidas por parte de las asociaciones ecologistas, Blanco ha asegurado que los servicios de impactos ambientales de la Dirección General de Medio Ambiente se ocupan de mantener en regla, «y dentro del orden legal establecido», el cuidado de los paisajes y de las personas del entorno en aquellos lugares donde se pretende realizar algún parque. «Hay garantía por parte del Gobierno de Cantabria», ha mantenido antes de apuntar que dichos servicios son «garantistas» a la hora de informar con el «máximo rigor y objetividad» y «siempre van a ser condicionados a lo que marca la ley».