Las 'bombas inteligentes' para Arabia Saudí se embarcaron desde el puerto de Santander

La ruta del cargamento comenzó en Zaragoza, en las dependencias del Ejército del Aire. Desde tierras mañas partieron 20 camiones y casi 40 contenedores con material bélico con destino a los muelles de la capital cántabra. Según abundó la cadena, la carga de las bombas se produjo por la noche, una práctica que se ha venido poniendo en cuestión en las últimas semanas al no ser algo ocasional. Según fuentes conocedoras de la normativa, este tipo de trabajos tendrían que llevarse a cabo a plena luz del día y el buque en cuestión esperar en el abra de la bahía santanderina hasta que se pueda proceder a la estiba.

Diez días después del envío un bombardeo de la coalición prosaudí contra rebeldes chiíes en Yemen se llevó la vida de 17 personas en el puerto de Hodeida, enclave en el que se recibe la ayuda humanitaria y que se ha convertido por su importancia estratégica en el centro del conflicto, que desde 2015 acumula más de 10.000 fallecidos.

Precisamente el negocio armamentístico fue ayer protagonista en el Congreso de los Diputados. El propio Sánchez avanzó que mantendrá la venta de material militar con Arabia Saudí para defender, apostilló, «los intereses de España».

La Autoridad Portuaria de Santander ha venido analizando de forma interna este asunto en los últimos meses, con las reuniones periódicas de su Consejo de Administración como uno de los focos principales de debate. Como avanzó este periódico en junio, la APS notificó al Parlamento de Cantabria que no podía impedir que estos buques atraquen en los muelles del puerto «mientras cumplan con la legislación establecida», algo que, hasta el momento, así ha ocurrido, defendía el Puerto.

La Cámara autonómica había aprobado previamente una resolución en la que se instaba a la entidad que preside González y al propio Gobierno de España a denegar, suspender o revocar «todas las autorizaciones para el tráfico de material bélico a países donde se violan los derechos fundamentales, o que vayan a ser utilizados en terceros Estados contribuyendo a mantener latente o recrudecer conflictos donde se están cometiendo verdaderas atrocidades».

El argumentario sostenido en su momento pivotaba en torno a que, como servicio público, una Autoridad Portuaria no puede denegar el atraque de un barco «si se ajusta a la Ley y no se le puede reprochar actuación ilegal alguna por ello». De hecho, desde la APS se recalcó que se tenía especial celo para verificar que el carguero saudí 'Bahri Hofuf' no contravenía ninguna normativa, por lo que hasta aquel instante no había motivos legales para expulsarlo de Santander.

Las conclusiones del Consejo se sustentaban sobre la idea de que no se pueden dar prevalencia a convicciones morales, éticas o políticas, con independencia de la solidez de las mismas o el fundamento que tengan, por encima de la Ley que debe regir la actividad de un servicio público como el portuario.

Ahora bien, el presidente del Puerto de Santander sí tiene opinión al respecto, aunque mantenga las formas públicamente. Y el diagnóstico al que ha llegado es como poco preocupante. Según ha podido saber este periódico, González ya ha trasladado al resto del Consejo de la APS que este tipo de tráficos por los que Cantabria ha saltado a la primera plana nacional tendrían que llevarse a cabo en un puerto exterior, y no en unas dársenas tan cercanas a una población como la propia capital cántabra.

En los últimos meses se han vuelto a repetir los debates en el seno del Consejo portuario. Por ejemplo, la directora, Cristina López Arias, ha dejado claro que la retirada del tráfico de material bélico de Bilbao, motivo por el que éste llegó a Santander, no fue una decisión del Puerto de la provincia vecina, que «nunca» formuló reparos, sino de la propia compañía.

Más contundentes se han mostrado incluso desde Capitanía Marítima. Su responsable, César Díez, entiende que no es responsabilidad del Consejo de la APS seguir la trazabilidad de todas las mercancías que entran o salen de la rada regional. En todo caso, defiende la tesis ya aceptada de la legalidad, por lo que no se pueden poner objeciones siempre y cuando cuenten con las autorizaciones ministeriales pertinentes.

Porque la cúpula del Puerto sí que ha colegido que a nivel competencial el ámbito de decisión sobre esta materia se debe desenvolver en exclusiva a nivel estatal, ya sea en las Cortes Generales o en el propio Gobierno central. La decisión depende de Madrid.