El borrador de Ley de Simplificación incluye la revisión de otras 30 normas autonómicas

Este es uno de los motivos de los grupos parlamentarios para cuestionar el borrador, que a día de hoy no tiene garantizado los apoyos para salir adelante. Parece claro que el PSOE no la respaldará después de denunciar que «crea problemas donde no los hay» y que trae «recortes en igualdad» en vez de «agilidad, eficacia y eficiencia». Dicen que contraviene la Ley de Igualdad de 2007, que «vacía de contenido» el Consejo de la Mujer o que importa «el modelo Mazón» en la gestión de Protección Civil, además de eliminar cláusulas sociales –las que, por ejemplo, reservan puestos para colectivos como mujeres maltratadas, parados de larga duración o personas con discapacidad– en la contratación pública.

Así que los populares tienen que negociar con PRC y Vox, que también ponen 'peros'. Ambos quieren una Ley de Simplificación, pero está por ver si aceptarán esta. «¿La ley es necesaria? Sí. ¿Hace falta simplificación? Sí. Pero no puede ir en menoscabo de los derechos de los ciudadanos», apunta el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

Se refiere a una de las figuras fundamentales que introduce la norma: la de la declaración responsable que, entre otras cosas, permitirá abrir un negocio sin esperar a la autorización previa de los ayuntamientos, como ocurre ahora, sino que se da por buena la palabra del propietario de que todo está en regla en el local.

Hernando entiende que esta figura es positiva para quien quiere poner un pequeño comercio que no interfiera en la vida del vecindario, pero discrepa de que también se habilite para abrir negocios que generan más conflictividad social como una discoteca o una sala de juego. Todo sin la obligación de adjuntar al escrito de la declaración responsable los permisos que se han solicitado en las fases previas. Es decir, que si un colectivo vecinal quiere saber si todo está legal, «tendrá que ir al juzgado, no hay otra manera». Además, lamenta que obligará a los municipios a hacer una labor de control –y sanción– para comprobar que la realidad encaja con lo que dice la declaración responsable. Entre otras cosas, para comprobar que el local cumple las normas de seguridad. Es decir, que supondrá más trabajo para los ayuntamientos que, a la vez, dejarán de ingresar las tasas por las licencias de apertura porque no hay una comprobación previa.

El PRC dice que para debatir todo esto con tiempo y sin la presión del calendario están dispuestos a habilitar el mes de enero como hábil en el Parlamento, algo a lo que el PP no se opone. Vox defiende lo contrario. No quiere dilaciones y ve en la lista de 35 comparecientes que solicitan socialistas y regionalistas un intento de retrasar la llegada de unos cambios que considera imprescindibles. De hecho, a Buruaga le recriminan que haya tardado 17 meses en presentar esta ley cuando las novedades que recoge se podrían haber implementado nada más llegar al Gobierno mediante decretos. Y alerta de algunos peligros: «Nos preocupa que el PP aproveche la excusa de la simplificación para mermar las garantías y el control. Que sea un atajo contra la transparencia que tanto predica».

Desde fuera del Parlamento, Izquierda Unida avisa de que reducir trámites no debe suponer reducir controles para el dinero público o la protección del territorio. Su coordinador, Israel Ruiz Salmón, aboga por que la simplificación administrativa llegue al pequeño autónomo y las familias frente a fondos opacos y proyectos burbuja.