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La duda quedó en el aire con las declaraciones del consejero de Industria, Francisco Martín. Tras el anuncio del traslado de la ruta marítima con Irlanda de Santander a Bilbao, el único miembro del Gobierno regional que valoró el miércoles la noticia señaló «el ... riesgo» de pérdida de otras conexiones en el puerto cántabro si no se soluciona «de forma urgente e inmediata» el problema de los polizones. Ayer, a preguntas de este periódico, Brittany Ferries aseguró que «ninguna otra línea está en peligro». Es más, la naviera recordó las inversiones que tiene previstas en el futuro en la comunidad autónoma. «Estamos -dijeron- absolutamente comprometidos con Santander». Todo, en una jornada de reacciones y silencios. Habló el vicepresidente, Pablo Zuloaga, para decir, básicamente, que el traslado es «una decisión empresarial de una compañía privada que busca rédito económico». También habló la oposición. Tanto PP como Ciudadanos pidieron explicaciones. Pero no hubo, por otro lado, reacción desde la Delegación de Gobierno.
«Estamos absolutamente comprometidos con Santander. Ninguna otra línea de Brittany Ferries está en peligro. El compromiso con Santander queda reflejado con la inversión multimillonaria en nuevos buques como el 'Galicia', que llegará a finales de este año. Y la instalación de una terminal de GNL (Gas Natural Licuado) para alimentar nuestro próximo barco de GNL 'Salamanca', que llegará en 2022». Esa fue la respuesta a este periódico al preguntar a la naviera sobre las otras dos líneas que sí mantiene en Santander. La de Plymouth y la de Portsmouth. Si estaban «en riesgo» por los mismos motivos que se alegaron para el traslado de la ruta de Cork -«mejores comunicaciones y más seguridad» en Bilbao y un tráfico de mercancías que «no ha sido el suficiente»-. Brittany Ferries también aseguró que los gastos derivados del problema de los polizones alcanzan «cifras elevadas» para su negocio, aunque optaron por no concretar.
Tampoco concretó el vicepresidente Pablo Zuloaga (PSOE) cuando le preguntaron por el problema de la seguridad. «El debate se tiene que centrar -opinó- en las infraestructuras, en las obras necesarias para mejorar la capacidad de nuestro puerto, y en el puerto que queremos para Santander». Se lo comentaron al hilo de las declaraciones de su compañero de gabinete, Francisco Martín (PRC), que sí hizo hincapié en ese problema y que pidió soluciones al Gobierno central. «Hay que valorar cuáles son los motivos que han llevado a una compañía privada, como Brittany Ferries, a tomar una decisión empresarial como ésta», prosiguió Zuloaga, que volvió a derivar su respuesta hacia las infraestructuras. «Ahí sí que es importante poner el foco en el Estado, que no deja de ser la Autoridad Portuaria de Santander y en las infraestructuras y las obras necesarias para mejorar la capacidad de nuestro puerto». En todo caso, recordó que la Autoridad Portuaria «ha asumido algunas obras y algunas inversiones previendo estas denuncias que el propio presidente del puerto realizaba». «Las obras están ahí», aseguró en alusión a la valla que se ha instalado, y recordó que la compañía «ha insistido» en otros factores para optar por el puerto de Bilbao (infraestructuras, comunicaciones o la ubicación de la propia estación marítima). «Bilbao en vez de una valla tiene un muro y la estación marítima en vez de estar en el centro de la ciudad está muy lejos del centro». A juicio de Zuloaga, «todas estas cuestiones requieren un análisis mucho más sosegado y ante una circunstancia tan compleja como ésta, creo que sería un error fijar la decisión en una única cuestión que además creo que no se ajusta», zanjó sobre el problema de seguridad.
Muy diferente fue la reacción del Partido Popular. Si Ciudadanos ya adelantó el miércoles que pedirá explicaciones en el Parlamento a Francisco Martín sobre una ruta que se vendió como un «hito» y «ahora nos enteramos de que va a dejar de operar», en el PP manifestaron ayer que «alguien tendrá que explicar, dar la cara y asumir responsabilidades» de «por qué Bilbao ha podido resolver el problema de los polizones y Santander no». El diputado Íñigo Fernández dijo que «no puede ser» que el delegado de Gobierno, el presidente regional y el consejero de Industria y Transporte «miren cada uno para un lado, ante una noticia tan mala para Cantabria y se echen la culpa unos a otros sin que ninguno asuma su responsabilidad».
La que también valoró la noticia fue la alcaldesa de Santander, Gema Igual. «Esto no debería haber sucedido. Ha habido tiempo más que suficiente para tomar medidas y ofrecer un puerto seguro a las compañías que operan aquí y a las nuevas que están por llegar», aseguró la regidora, que lamentó «profundamente que se haya llegado a este extremo de perder una ruta». «Se viene hablando desde hace tiempo de este problema de 'inseguridad' y de 'polizones' en el puerto por los responsables de las instituciones con competencias en este ámbito. También de los riesgos y de las posibles consecuencias que tendría si no se atajaba, aportando seguridad a los distintos operadores. Desgraciadamente, aquello que era una amenaza se ha convertido en una pésima realidad con la pérdida de una importante ruta que aportaba riqueza al puerto y a Cantabria», destacó.
Por otro lado, desde el colectivo Pasaje Seguro se pidió «responsabilidad» al presidente del la Autoridad Portuaria, Jaime González, que, en su opinión, «lleva meses generando la sensación de que en Cantabria hay un problema muy grave de inmigración ilegal como forma de eludir su responsabilidad».
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