La bronca interna obliga a Arca a rectificar y ya no acepta la mediación en los derribos

El pasado 22 de enero el colectivo presentó un escrito en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, que tramita la ejecución de la sentencia de demolición de las 20 viviendas unifamiliares en Entrelindes, en Liencres, en el que expresaba «su conformidad a iniciar la mediación intrajudicial» para dar cumplimiento a la sentencia (ver escrito adjunto). La aceptación de Arca era requisito indispensable para explorar la vía de la mediación, que requiere el acuerdo previo de todas las partes implicadas antes de que el juez, como responsable de la ejecución, lo dé el visto bueno. Ese mismo día el Consejo de Gobierno, otra de las partes implicadas, tomó el acuerdo de respaldar la mediación intrajudicial, una medida que habían propuesto al juez los propietarios afectados y el Ayuntamiento de Piélagos.

Pero la presión de las bases ha hecho recular a Arca. En un comunicado durísimo contra el Gobierno regional, la asociación informa de que ha decidido «no participar en ningún acuerdo de mediación y exigir a las Administraciones implicadas el estricto cumplimiento de todas las sentencias de demolición sin distinción ni más dilaciones». En contra de la posición expresada por escrito en el Juzgado, en la que aceptaba que un árbitro propuesto por todas las partes mediara para llegar a un acuerdo y desbloquear el conflicto, Arca dice ahora que la mediación es «una nueva técnica dilatoria del Gobierno de Cantabria destinada a seguir garantizando la impunidad de la administración y el desistimiento del demandante». Es, a su juicio, «el último truco» del Ejecutivo para «alargar indefinidamente en el tiempo la ejecución de las sentencias».

Y va más allá. «La mediación constituye una burla al poder judicial, una trampa para nuestra asociación y la prolongación de la agonía que vienen padeciendo los afectados. Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder ejecutivo de Cantabria contra el poder judicial, un escándalo de primer orden que socava los principios básicos de la democracia».

Pero, ¿por qué el colectivo ha dado un giro copernicano y ataca sin compasión una figura jurídica que apoyó días antes como posible solución a los derribos? La respuesta está en la fractura interna que la decisión causó entre los socios. El presidente de Arca, Adam Musi, no quiere entrar en «dimes y diretes» sobre el cambio de criterio de su asociación, pero admite que «ha habido unas broncas terribles» en la junta directiva a consecuencia de la conformidad del colectivo a iniciar la mediación en el juzgado, noticia avanzada por este periódico.

«La asociación ha estado al borde del caos y hemos tenido que convocar a los socios, que se estaban dando de baja, y una junta directiva extraordinaria. Hemos pasado unos días fatal. Nunca habíamos vivido una situación así en 25 años», explicó Musi, que reprochó al Gobierno que diera a conocer públicamente su respaldo a la mediación tras la celebración del Consejo de Gobierno. Así que, ante la crispación interna existente, al colectivo ecologista no le ha quedado más remedio que amagar y retirar su apoyo a la mediación para disgusto de las demás partes implicadas.

El consejero de Urbanismo, José Luis Gochicoa, señaló que «el Gobierno se ha limitado a aceptar un procedimiento impulsado por los afectados y por el Ayuntamiento de Piélagos, que contaba ya con el visto bueno de Arca». Tras «lamentar» el viraje de la asociación, Gochicoa señala que la intención del Gobierno «siempre ha sido intentar cumplir las sentencias, no evitarlas». El responsable de Urbanismo no comprende el malestar de Arca por comunicar el acuerdo del Consejo de Gobierno, «algo a lo que estamos obligados por la Ley de Transparencia. Todos los acuerdos son públicos, pero además creo que no tenemos por que ocultarlo», subraya.